Si bien el resultado del largo juicio sobre el presunto financiamiento irregular de la política era esperado, en algunos círculos que siguieron su trayectoria; lo que sorprendió fueron las contundentes críticas del fallo hacia el trabajo realizado por la Fiscalía. Una nada menor, tiene que ver con el hecho de que fue tanta la dilación de la causa, “que las penas requeridas estarían prácticamente cumplidas, lo que evidencia aún más la vulneración a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable”, leyó la magistrada María Teresa Barrientos.
Adicionalmente, pero sobre el mismo asunto, el documento de 46 carillas leído por Barrientos a toda velocidad enfatiza que “la extensión temporal de la investigación y el procedimiento en sí mismos hasta la obtención de la sentencia firme y ejecutoriada, han lesionado seriamente la situación jurídica de todos los acusados y acusadas, quienes estuvieron sujetos por largo tiempo a medidas cautelares privativas y restrictivas de su libertad personal”.
Para analizar este aspecto del fallo, Diario Financiero conversó con algunos abogados expertos que pretenden indagar en el efecto de las afirmaciones emitidas.
“La extensión temporal de la investigación y del procedimiento en sí mismos, hasta la obtención de la sentencia firme y ejecutoriada, ha lesionado seriamente la situación jurídica de todos los acusados”, dice el fallo.
“Múltiples vicios”
De hecho, desde el punto de vista del penalista Jorge Bofill, “los reproches del tribunal hablan de una investigación deficiente, de falta de orden y pulcritud en la acusación y en la rendición de la prueba durante el juicio”, todo ello, “además de la afectación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable”. Para el profesional, esto último se asocia “a una referencia del mismo tribunal a hechos ocurridos hasta 17 años atrás”.
Una mirada muy similar es la que tiene el también abogado penalista Miguel Chaves, para quien “queda la sensación que la crítica que puede hacerse es que el Ministerio Público no racionaliza ni depura sus casos, lo que genera múltiples vicios”, como pruebas sobre abundantes, imprecisas e impertinentes, argumenta. Así, sugiere que en el futuro “el Ministerio Público debe esforzarse por reducir la complejidad”.
Sin embargo, está convencido también de que el sistema procesal penal “no requiere reformas”. Pero, propone, reforzar garantías; hacer tangibles sanciones, como investigaciones excesivamente prolongadas o la tramitación mediática de los casos. Y, enfatiza Chaves, “hay que volver a darle al sistema un carácter racional y menos mediático”.
“Los reproches del tribunal hablan de una investigación deficiente, de falta de orden y pulcritud en la acusación y en la rendición de la prueba durante el juicio”. Jorge Bofill, abogado penalista
“Los fiscales deben saber distinguir entre el reproche moral (que a ellos no les corresponde) del reproche legal, que es un quehacer técnico, que en este caso estuvo por debajo de lo que era de esperar”. Carlos Peña, rector de la UDP (abogado)
Enseñanza adicional
Para el rector de la UDP -columnista de El Mercurio, profesor de Derecho y escritor- Carlos Peña, “la más obvia y flagrante” falla del sistema que este caso deja al descubierto es la duración de la investigación y del juicio. Ello, porque “no es razonable obligar a un conjunto de personas a tener, por decirlo así, su vida profesional y pública suspendida o bajo sospecha durante un tiempo tan largo”; y argumenta que “no es correcto que el Estado (que posee una gigantesca asimetría de poder con los ciudadanos) se tome ese tiempo en producir una prueba para sustentar sus imputaciones”.
Además, comparte con Chaves que no se requieren reformas para superar las situaciones advertidas en el fallo, sino “algo más urgente y desgraciadamente más difícil, por lo visto, de llevar a cabo: mayor racionalidad de parte de los órganos de persecución penal y una cierta sobriedad en quienes allí trabajan, que les enseñe que un caso por notorio que sea, y por más luz que atraiga, no debe ser usado con fines de pedagogía política o moral como pareció ocurrir, durante muchos momentos, en este caso”.
“Queda la sensación que la crítica que puede hacerse es que el Ministerio Público no racionaliza, ni depura sus casos, lo que genera múltiples vicios”. Miguel Chaves, abogado penalista
A juicio de Peña, este proceso deja una enseñanza adicional y es que “estuvo envuelto no por el propósito técnico y sobrio de una persecución penal” y recuerda que “estuvo bañado de un cierto clima de aleccionamiento moral del que, en ocasiones, los fiscales se hacen parte”. No obstante, “ocurre que uno de los principios de una sociedad abierta y del Estado de Derecho, es que la tarea del Estado no es aleccionar moralmente a los ciudadanos o usar el aparato de persecución penal para hacerlo”.
Muy por el contrario, enfatiza, “los fiscales especialmente deben saber distinguir entre el reproche moral (que a ellos no les corresponde) del reproche legal, que es un quehacer técnico, que en este caso y a juzgar por la severa reprimenda de las juezas, estuvo por debajo de lo que era de esperar”.
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