Un revés judicial sufrieron las agrupaciones sociales de la zona sur de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, luego que la Corte de Apelaciones de Concepción resolviera no acoger una orden de no innovar solicitada, en el marco de un recurso de protección contra el ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Concesionaria Puente Industrial, que impida la continuidad del cobro del TAG sobre el viaducto hasta que las obras estén complemente finalizadas.
La resolución del tribunal se produce a solo horas de la primera alza en el valor del peaje que, a partir del 1 de enero, reajustará sus tarifas a $ 772.
Entrega provisoria
El abogado de los vecinos de San Pedro de la Paz, Robert Contreras, manifestó su decepción tras conocer el fallo. "Lamentablemente, la Corte no acogió los argumentos. Creemos que eran técnicamente suficientes, puesto que el propio MOP declara que este es un servicio provisorio y la obra no está ejecutada al 100%", señaló.
Contreras advirtió además que el efecto colateral en la movilidad por la ya saturada Ruta 160, se está sintiendo. "Se está produciendo nuevamente congestión al ingreso de San Pedro por la Ruta 160, puesto que los camiones y vehículos livianos, ante el cobro y el alza del 1 de enero, están prefiriendo pasar por la avenida Pedro Aguirre Cerda, en lugar de utilizar el puente".
Para el abogado, el cobro es improcedente mientras no se entreguen los enlaces y ramales pendientes, obras que según estimaciones técnicas se extenderían hasta 2027. "El cobro debe realizarse al momento en que usted concluya la obra al 100%. Es cosa de recordar cómo el Presidente Boric, al utilizar la ciclovía durante la inauguración, no pudo seguir avanzando porque tenía un fin", enfatizó.
También fue crítica la visión del gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, quien lamentó que en "ningún momento hemos recibido una respuesta de Concesiones ni tampoco de la ministra lo que demuestra la absoluta indolencia de parte del Ministerio de Obras Pública y de la Dirección General de Concesiones respecto a una situación que es evidente".
La autoridad local, sin embargo, se mostró confiada de que "si no es con este gobierno, vamos a esperar que el próximo gobierno, que ya ha manifestado voluntad de conversar, pueda abordar el desafío y tenga una respuesta positiva respecto a lo que estamos proponiendo".
El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, calificó la resolución del Tribunal como “un dolor para los vecinos, pero creemos que todavía quedan instancias que se encuentran dentro de plazo para poder plantearse los próximos días”. En esa línea, planteó que a su juicio, el recurso de los vecinos “no tenía el peso suficiente como para poder augurar un resultado positivo; sin embargo, reafirmó la voluntad de continuar con los esfuerzos administrativos y “en lo judicial, creemos que requiere una estrategia más aceitada, con argumentos un poco más de peso, los cuales nosotros (la municipalidad) todavía no hemos presentado”.
Cabe recordar que Spoerer había anunciado en noviembre que el municipio también se haría parte, a través de un recurso, para frenar el cobro del peaje mientras no estuvieran las obras totalmente entregadas.
"Inauguración política"
La polémica no solo es técnica, sino también política. El exseremi de Obras Públicas del Biobío, Víctor Reinoso, en declaraciones a Radio Bío Bío, sostuvo que la apertura del viaducto fue forzada para cumplir con hitos comunicacionales del actual gobierno.
Al respecto, el abogado Contreras coincidió con el diagnóstico de la exautoridad: "Es evidente que hubo un aceleramiento en la puesta en marcha con el objeto de poder cortar una cinta, pero que demuestra la falta de responsabilidad del Gobierno, puesto que se colocó en servicio una obra con un cobro que no está ejecutada al 100%", pues el grueso de las obras complementarias recién comenzará a ejecutarse en el primer trimestre de 2026.
Pese al rechazo de la orden de no innovar, el recurso de protección sigue su curso en el fondo. Los abogados esperan la fijación de los alegatos una vez que se reciban todos los informes técnicos solicitados al MOP y a la Dirección de Concesiones.
"Estamos evaluando permanentemente los informes que van llegando para atacar el fondo del tema", concluyó Contreras, quien no descartó acudir a otras instancias para intentar revertir la situación, si los informes confirman que la seguridad o la operatividad del servicio se ven comprometidas por las obras inconclusas.
Cobro de multas
En medio de la polémica, la concesionaria buscó flexibilizar su posición y anunció que los usuarios que hayan circulado sin el dispositivo tendrán plazo hasta el 9 de enero para regularizar sus tránsitos y evitar recargos y cobros adicionales. Esto, por que la facturación comenzará durante la primera quincena de enero.
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