Uno de los procesos judiciales por financiamiento irregular de la política más largos y emblemáticos de la historia penal de Chile finalmente llegó a su fin este miércoles, tras 11 años y un juicio oral que se inició en febrero de 2023.
En el procedimiento, el Ministerio Público acusó al exgerente general de SQM, Patricio Contesse, al exministro y exsenador Pablo Longueira, y al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, de financiamiento irregular de la política, además de otras personas del entorno de estas figuras, que habrían estado involucradas en el supuesto esquema.
Aunque este martes, el Tercer Tribunal de Juicio Oral ofreció la oportunidad a todos los imputados en la causa, relacionada con delitos de cohecho, soborno y tributarios, la oportunidad de hacer una última declaración antes de que se conociera el veredicto, ninguno de ellos quiso hacerlo, pese a que antes de ingresar Marco Enríquez-Ominami había insistido en su inocencia.
El tribunal puso fin así a la incertidumbre en este histórico juicio -que sería el juicio oral más largo del sistema procesal penal-, absolviendo a los imputados, entre otras razones, por la vulneración de sus derechos a ser juzgados dentro de un plazo razonable.
El veredicto al que se llegó por mayoría, que fue considerado como un duro golpe para la Fiscalía, desestima lo solicitado por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien había pedido para Contesse su inhabilitación, una multa y siete años de presidio por soborno y delitos tributarios. Por su parte, para Longueira había pedido 818 días de presidio por cohecho además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos, y una multa de $ 242 millones. Finalmente, para ME-O la persecutora había requerido cuatro años de cárcel por delitos tributarios y una multa.
Los otros involucrados en la causa eran la exsecretaria de la UDI, Marisol Cavieres y la exasesora de Longueira, Carmen Luz Valdivieso; el exasesor de ME-O, Cristián Warner; el exdiputado Roberto León (exDC) y el exembajador Marcelo Rozas.
Detrás del fallo: 13 certificados de defunción
La sentencia destacó, sobre todo, por establecer que la excesiva duración del proceso afectó la calidad de la probanza.
Asimismo, aludió directamente al Ministerio Público, al que apuntó por complejizar el proceso con más de 14.000 documentos, muchos de ellos repetidos o ya contenidos en otros documentos. "La excesiva duración del procedo resultó en una vulneración de los derechos de los acusados, afectando su vida personal por la incerteza del proceso", se sostuvo en la audiencia.
En esa línea, la jueza enumeró una serie de puntos que grafican lo anterior: por ejemplo, Contesse presentó 13 certificados de defunción de testigos; y muchas personas declararon no recordar bien los hechos, que habían ocurrido hasta 17 años antes.
Respecto de los correos electrónicos agendando reuniones entre Contesse y diversos políticos, como Pablo Longueira y Enríquez Ominami, solo se acreditó su valor como agendamiento de reuniones y no si estás efectivamente se realizaron. Y si conllevaron aportes de dineros para la actividad política.
Tampoco se acreditó el valor probatorio de las denominadas boletas ideológicamente falsas, ni de la declaraciones de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) respecto a las boletas y facturas de Contesse.
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