Quedan pocos días para que finalice el año y ya tienden a consolidarse positivos pronósticos para la inversión en el próximo ejercicio. Más atrás irán quedando las caídas de 0,1% y 1,4% que acusó la formación bruta de capital fijo (FBCF) en 2023 y 2024, respectivamente.
El viento a favor comenzó este año, pues se espera que dicha variable registre un avance de 7%, de acuerdo con el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre -recién publicado por el Banco Central-, liderado principalmente por una reposición del gasto en maquinaria y equipos. La puesta en marcha de proyectos entusiasma al sector productivo.
De acuerdo con las proyecciones del instituto emisor, en el próximo ejercicio la FBCF anotaría una expansión de 4,9%. El mercado, en tanto, reflejado en la última Encuesta de Expectativas Económicas (EEE), prevé un alza de 4% anual para la inversión en 2026.
Esto en un contexto en que el catastro de inversión con cronograma definido al 30 de septiembre, recopilado por la Corporación de Bienes de Capital (CBC), muestra que en 2026 se ejecutarán US$ 3.847 millones en obras estatales.
De ese monto, US$ 3.194 millones corresponden a obras públicas, US$ 425 millones a minería y US$ 137 millones a energía, US$ 63 millones a puertos y US$ 28 millones a tecnología.
Pero mucho mayor es la inversión privada, con un monto total de US$ 17.070 millones. Esta es liderada por minería (US$ 6.292 millones) y energía (US$ 5.533 millones).
De acuerdo con la distribución de origen, un 53% corresponde a privada extranjera, mayor al 49% que anotó 2025.
Del total de la inversión, US$ 13.022 millones se destinarían a insumos y servicios necesarios para ejecutar la construcción del proyecto, así como también el costo de la mano de obra requerida.
En paralelo, US$ 6.217 millones irían a maquinaria y equipo y US$ 677 millones a ingeniería.
Zoom a los sectores
La semana pasada la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) presentó sus proyecciones para 2026, anticipando un alza en la inversión en construcción de 4,8%, explicada principalmente por la infraestructura productiva. Aun así, se necesitará continuar apoyando al sector inmobiliario y privilegiar la inversión por sobre el gasto corriente a nivel estatal, planteó el presidente de la CChC, Alfredo Echavarría.
En el caso de la minería, de acuerdo con la Cartera de Proyectos de Inversión Minera en Chile de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la inversión anual proyectada para 2026 es de US$ 8.531 millones en cobre y US$ 411 millones en otros minerales. Estos datos se basan en los cronogramas de ejecución informados por las empresas titulares de las obras.
Para la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), el año venidero partirá con señales mixtas. “Por un lado, Chile cuenta con una cartera de proyectos mineros alta hacia los próximos años, lo que muestra que existe interés por invertir en el país dada la urgencia global por nuestros minerales. Sin embargo, una parte importante de esa inversión aún depende de avanzar en permisos y definiciones clave para poder materializarse”, esbozó.
El gremio estimó que en 2026 la inversión minera podría caer en torno a 20%, principalmente por la finalización de proyectos que hoy están en ejecución y por la dificultad para que nuevas iniciativas entren oportunamente a fase de construcción.
O sea, dijeron, el próximo se perfila como un “año de transición. La señal que entregue el nuevo Gobierno en materia de permisos, certeza regulatoria y coordinación del Estado va a ser clave para revertir esta tendencia y permitir que la cartera existente se transforme en inversión efectiva en los años siguientes”, añadieron desde la Sonami.
Los cambios que propone la nueva administración en materia de permisos es mirado con atención entre los privados.
El plan de Kast
El presidente de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería (AIC), Juan Pablo Negroni, planteó que el próximo año “se abre una ventana real de reactivación, pero no automática”.
“El cambio de Gobierno y un contexto macro más benigno, permiten proyectar un crecimiento de la inversión algo mejor que en 2025, aunque con un primer semestre aún lento. El punto decisivo será si el nuevo Gobierno es capaz de transformar ese mejor clima de expectativas en decisiones concretas que destraben los proyectos hoy detenidos en el Comité de Ministros y en la permisología sectorial”, delineó.
“Este mayor dinamismo requiere de avanzar en racionalizar el exceso de regulación en proyectos que hoy ralentizan la inversión, y arbitrar medidas para dar certeza jurídica y evitar paralizaciones por temas ambientales, hallazgos arqueológicos, entre otros”, complementó Echavarría.
Una tarea que la próxima administración tiene clara. Una de las tareas que pretenden enfrentar es precisamente la “maraña regulatoria”, según expuso durante los meses de campaña electoral Jorge Quiroz, el vocero económico del Presidente electo José Antonio Kast.
¿Cómo enfrentarán esto? El programa de Kast tiene como bandera promover la facilitación regulatoria.
“Eliminaremos las regulaciones innecesarias, aplicaremos en forma moderna y criteriosa las regulaciones existentes y dictaremos aquellas que sean necesarias para el fomento de la inversión. Solucionaremos las trabas u obstáculos regulatorios administrativos que existen a nivel local, así como los tiempos de tramitación, de los proyectos de inversión”, se lee en el plan para gestionar los cuatro años que vienen.
Derogarán, modificarán y dictarán nuevas guías para devolver certeza jurídica al SEIA, fortalecerán la toma de decisiones regionales y promoverán una modernización de la institucionalidad ambiental. Generarán, asimismo, un nuevo estatuto de inversión que otorgue seguridad jurídica y tributaria a los inversionistas locales y extranjeros que realicen inversiones grandes. Y uno de los primeros planes concretos es convocar al Comité de Ministros para aprobar los proyectos estancados.
La AIC propone actuar en tres frentes desde el primer día. Primero, “enviar una señal inequívoca instruyendo a sus equipos a priorizar la resolución rápida de los proyectos estancados en el Consejo de Ministros, especialmente en minería, energía e infraestructura portuaria como el Puerto Exterior de San Antonio”, señalaron.
En segundo lugar, mencionaron acordar con el sector privado y la ingeniería de consulta un fast track para proyectos de alto impacto que ya cumplan con las normas vigentes, reduciendo la discrecionalidad y aumentando la previsibilidad de los plazos.
Y tercero, acompañar estas decisiones con una agenda de consolidación fiscal “creíble”.
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Catalina Vergara
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