El denominado caso Convenios estalló en junio de 2023, cuando se revelaron acuerdos de trapasos de recursos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, por $ 426 millones, en dudosas circunstancias debido a potenciales conflictos de interés entre autoridades, parlamentaros y militantes del extinto partido Revolución Democrática.
La polémica escaló a 14 de las 16 regiones de Chile, donde se investiga hasta hoy el traspaso irregular de fondos públicos desde organismos del Estado hacia fundaciones privadas sin fines de lucro, muchas de ellas vinculadas a partidos políticos.
El monto total bajo investigación, según cifras de las fiscalías, bordea los $ 90 mil millones.
Ante una falta de fiscalización estructural, se creó una comisión de probidad, pero también la Dirección de Presupuestos (Dipres) llevó adelante una serie de cambios legislativos para elevar los controles y solicitar rendición de cuentas más estrictas de los recursos públicos.
La repartición encabezada por Javiera Martínez elaboró el informe Avances en Regulación Presupuestaria y Fortalecimiento de la Transparencia en las Transferencias del Estado a Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro, que resume los más de 1.000 cambios normativos implementados para la optimización de la legislación presupuestaria asociada a las transferencias, en el cual se racionalizaron glosas presupuestarias (instrucciones en el erario que describen procedimientos y/o condiciones para el gasto) se fortaleció el articulado de dicha normativa y se estandarizaron requisitos para la asignación de recursos y obligaciones respecto de la rendición de cuentas, entre otros aspectos.
La directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Foto: Aton.
Más controles
Entre las principales medidas, destacan los requisitos diferenciados para las entidades privadas sin fines de lucro beneficiarias finales de una transferencia (por ejemplo, organizaciones comunitarias o juntas de vecinos) y para las que cumplen el rol de ejecutoras directas de programas o políticas públicas, mandatadas por un organismo del Estado para la ejecución de determinadas acciones o iniciativas.
Otro cambio fue definir la obligatoriedad de la asignación de recursos mediante concurso y la suscripción de convenios para la transferencia de recursos a instituciones privadas, tanto para las transferencias corrientes (gastos operativos) como para las de capital (inversión y transferencias).
Antes, esta exigencia solo se regulaba en la Ley de Presupuestos para las transferencias corrientes.
Respecto del contenido de los convenios con ejecutores de política pública, se incorporaron requisitos adicionales como exigir una antigüedad mínima de dos años (para evitar que fundaciones creadas hace poco tiempo se adjudicaran fondos sin justificación); la acreditación de experiencia en la materia; se condicionó la transferencia de recursos al cumplimiento de hitos asociados al objetivo del convenio; y se homologaron exigencias de la Ley de Compras Públicas.
También se establecieron normas, plazos y procedimientos específicos para el reintegro al Fisco de recursos provenientes de transferencias y para restituir saldos no utilizados por las instituciones privadas.
Además, se incorporaron normas de inhabilitación para autoridades, funcionarios públicos y personal contratado a honorarios que participen o intervengan en estos procesos, y se tomaron medidas explícitas para prevenir los conflictos de interés.
A nivel de glosas presupuestarias, se avanzó en su estandarización en materias recurrentes, se limitaron las excepciones legales autorizadas por esta vía y se eliminaron asignaciones directas mediante este mecanismo.
Aplicación en cada erario
En el Presupuesto 2024 se realizó un primer esfuerzo para clasificar los gastos en transferencias, o sea, que lo recibido por instituciones del sector privado correspondiera a lo que estaba autorizado en la Ley.
En el erario 2025 se ajustó de modo más estricto el cumplimiento del clasificador presupuestario por objeto de gasto, realizando un esfuerzo por reordenar las asignaciones en función de su destinatario. Es decir, según se trate de una institución pública o privada.
Martínez destaca que la consolidación de estos avances, mediante un marco legal permanente y herramientas institucionales robustas “será clave para resguardar la confianza ciudadana, fortalecer la transparencia activa, mejorar la calidad de la información presupuestaria y profesionalizar la relación de colaboración entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro”.
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