El proceso de renovación de concesiones del sistema de transporte público de Santiago ha entrado en una fase de alta tensión jurídica y administrativa. La operadora Subus, uno de los actores históricos de la industria, presentó el 23 de febrero una denuncia por ilegalidad ante la Contraloría General de la República (CGR), cuestionando la etapa de toma de razón de los nuevos contratos.
La acción apunta directamente a la adjudicación de propuestas económicas que de acuerdo a las mismas actas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) serían "temerarias". “En un porcentaje mayor o igual al 15% -oferta temeraria-, el Ministerio podrá a través de una resolución fundada, adjudicar esa oferta, solicitando un aumento en el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato”, explica el acta de la cartera de Juan Carlos Muñoz.
Una oferta se considera temeraria cuando, a pesar de ser la opción económicamente más baja, conlleva un riesgo elevado de no poder cubrir los costos operativos finales. A mediados de febrero se envió a Contraloría el documento para sellar la adjudicación de las actuales ofertas ganadoras.
Origen del conflicto
En 2023 el gobierno de Gabriel Boric adjudicó la primera gran renovación de buses con el nuevo modelo que ideó la administración anterior, con Gloria Hutt liderando la cartera. El plan fue separar la administración de flota de la de las concesiones, con el objetivo de dar más libertad al Estado para sacar concesionarios de bajo rendimiento operacional. Al mismo tiempo, la nueva fórmula también apuntaba a disminuir los costos del sistemas.
Poco después de que los tres nuevos operadores –STP, Redbus y Metropol– ganaran la licitación del Gobierno de Sebastián Piñera y comenzaran sus operaciones, los dueños de las empresas calcularon sus finanzas. Determinaron que la recaudación bajo el nuevo esquema contractual no sería suficiente para cubrir los costos. Por lo tanto, solicitaron al Gobierno modificar el Mecanismo de Ajuste por Costo (MAC).
Eso implicó que se ajustó un 10% a cada uno de ellos y que los supuestos ahorros no se sintieran producto de la nueva licitación.
Hay algunos en el sector que temen que la situación se repita, ya que la preocupación no radica únicamente en una oferta más económica, sino en una propuesta que no garantiza la sostenibilidad de la operación a largo plazo por ser temeraria.
Diario Financiero tuvo acceso al documento enviado por Subus al MTT en el cual la firma advierte que, dada las condiciones de las ofertas, durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria solicita modificaciones en las condiciones para mitigar déficits operacionales.
De concederse tales cambios, dijo Subus, se vulneraría la “igualdad de los oferentes” y se obligaría al Estado a inyectar recursos adicionales que podrían haberse destinado a otras prioridades sociales, como seguridad, salud o educación.
En 2016, el subsidio al transporte público ascendía a US $600 millones, según cifras de ese período. Actualmente, el gobierno de Jose Antonio Kast heredará una carga significativa en este ámbito, que alcanza los US $1.200 millones.
La insuficiencia de recursos en las unidades adjudicadas podría impactar directamente en el usuario final. De acuerdo a la carta enviada por Subus, ante la falta de presupuesto para cubrir los costos reales, las concesionarias se podrían ver forzadas a realizar recortes en la prestación de servicios, afectando la calidad, continuidad y seguridad del transporte.
La otra ofensiva: concentración
En paralelo, y directamente relacionado con el sector de transporte público metropolitano, se está desarrollando un segundo debate centrado en la concentración. Específicamente, Villarrica Asesorías y Transportes SpA presentó una consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) referente al límite de buses que se pueden poseer en el sistema de transporte metropolitano.
Las bases de licitación recientes permiten que los operadores posean hasta un 25% del total de buses licitados. Sin embargo, existe una controversia sobre la aplicación de este porcentaje en el sistema. Debido a esto, a fines de febrero, Voy Santiago, Subus y Metbus se involucraron en la discusión, ya que el resultado podría alterar la distribución de propietarios en la Región Metropolitana.
Hoy el sistema de transportes funciona con dos regímenes contractuales diferentes: el antiguo (condiciones de operación) y el nuevo (contrato de concesión de uso de vías). El problema es respecto al límite: no se tiene precisión si es sobre todo el sistema o sobre las nuevas unidades licitadas, lo que podría introducir una distorsión.
Por ejemplo, Metbus defiende que el 25% solo es para los nuevos contratos, no para los antiguos. “Las condiciones de operación son un título esencialmente precario y de reducido alcance temporal. Esas características explican la base de cálculo de los caps en la licitación. Lejos de ser arbitraria, la regla trata de modo distinto a sujetos que se hallan en una situación distinta”.
Esto se debe a que Metbus cuenta con el contrato de condiciones de operación, el cual se renueva o no en un tiempo determinado de 18 meses.
Sin embargo, Subus –mediante inversiones Fanalca– endurece el tono del debate. A su juicio, el incluir que el 25% sea solo para los buses del actual régimen de concesiones es una medida que “beneficia directamente a Metbus y a Buses Vule S.A. quienes concentran grandes flotas bajo este último régimen”.
En su aporte de antecedentes, Subus apuntan a que Metbus y Vule son empresas cuyo dueño es el mismo: Juan Pinto. Eso implicaría, dijo que al ser empresas relacionadas en su conjunto superar el total de buses concentrados bajo el nuevo sistema. ¿El problema? es que Metbus no entra en el conteo porque tiene el contrato de condiciones de operación.
“Esta restricción impide que Vule pueda adjudicarse cualquiera de las Unidades de Servicio objeto de la Licitación 2025, considerando que es una persona relacionada a Metbus”, expresa la empresa, que además acusó al MTT de dar el visto bueno con ofertas temerarias.
Este nuevo frente de conflicto será fundamental para el debate que se abrirá en transportes para el nuevo ministro Louis de Grange.
El debate en el TDLC podría marcar un antes y un después en el resultado de la licitación. En caso de que el organismo determine que el porcentaje equivale al sistema de buses completo, implicaría declarar desierto el concurso de la administración de Gabriel Boric, explicó un abogado del sector que pidió reserva.
Visión del Ministerio
Consultado, el MTT señaló a este medio que "la licitación de uso de vías en curso comprende el 15% del sistema de transporte público de la ciudad de Santiago por tres unidades de servicio. Como parte de dicho proceso, en enero de 2026 se presentaron 63 ofertas de 8 empresas distintas, estando el concurso en la fase final de adjudicación. En paralelo, la empresa Villarrica Asesorías y Transportes SpA, que no participó la licitación, presentó una consulta al Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia donde solicitaba la suspensión del proceso, petición a la que no se ha dado lugar".
"En virtud de dicha consulta, la Fiscalía Nacional Económica respondió al Tribunal a través de un informe pronunciándose favorablemente a lo establecido en las bases, destacando que los procesos 'han contado con una participación amplia y efectiva de operadores'", agregó.
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