Landes, empresa pesquera ligada a las familias Fosk y Bohorodzaner, presentó una demanda contra el Estado chileno por los supuestos perjuicios provocados a la empresa por la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero, aprobada a mediados del año pasado.
Le medida judicial exige una indemnización en favor de la compañía por poco más de US$ 70 millones, pero la acción busca principalmente que los tribunales reconozcan la ilegalidad y el daño patrimonial provocado por la nueva ley, "particularmente en el caso de la pesquería del jurel, y que se ordene la correspondiente compensación".
“Se tramitó una ley sin sustento, deficiente, y para empujarla, el Gobierno saliente, desde la Subsecretaría de Pesca, impuso un estilo de trabajo irresponsable, alejado de lo técnico, basado en informaciones imprecisas o derechamente falsas”, denunció Andrés Fosk, CEO de Landes. “Talcahuano no puede seguir pagando el costo de gustos ideológicos que castigan no solo a la pesca industrial, sino que a cientos de familias del Biobío”, agregó.
Expropiación encubierta
La acción, que fue acogida este miércoles por el 22º Juzgado Civil de Santiago, se fundamenta en que "el Estado, a través de diversos actos, desconoció permanentemente la distribución de cuotas establecida en la historia regulatoria pesquera chilena y las reasignó a terceros sin el pago de una indemnización", señaló la compañía a través de un comunicado. "Ello, vulnerando los principios básicos de legalidad y afectando gravemente el patrimonio de la compañía, particularmente por el nuevo fraccionamiento de la pesquería del jurel".
David Cademartori , abogado socio de Barros & Errázuriz, oficina encargada de la tramitación, precisó que “esta es una demanda de responsabilidad extracontractual contra el Fisco de Chile. Seguimos sosteniendo que la Ley de Fraccionamiento Pesquero constituye una expropiación encubierta del patrimonio de Landes, una acción ilegal cuyo daño debe ser indemnizado”.
Para la empresa basada en Talcahuano, además, la reducción de cuotas "compromete inversiones futuras enfocadas en consumo humano, obliga a postergar proyectos clave, como la modernización de flota y la ampliación de su capacidad de congelado, e incorpora un alto nivel de incertidumbre regulatoria, que impacta negativamente en la sostenibilidad del negocio y creación de empleo".
La demanda representa una escalada en la ofensiva legal de la firma, que en mayo del año pasado ya había presentado su primera acción judicial en contra del Estado exigiendo la exhibición de documentos clave usados en la tramitación de la ley sectorial.
Ofensiva legal
De este modo, la empresa se sumó a la estrategia judicial que está impulsando la industria, luego de que en febrero las pesqueras Camanchaca y Blumar presentaran –de manera separada– dos acciones legales contra el Estado chileno por los perjuicios provocados por la nueva legislación, exigiendo reparaciones por cerca de US$ 90 millones y US$ 216 millones, respectivamente.
Y la expectativa en el sector es que la ofensiva legal continue, ya que en los últimos días, Alimentos Marinos (Alimar) adelantó que está preparando su propia demanda contra el Estado por un monto cercano a los US$ 100 millones, argumentando que el cambio jurídico, haría inviable la construcción de su planta de congelados en Lota, Región del Biobío, un proyecto por US$ 18 millones que recientemente obtuvo la RCA.
“Vemos que (la ley) responde, en gran parte, a la ideología y en otra, creo que tenía como un afán revanchista producto de los casos de corrupción que existieron en la ley anterior”, señaló en ese entonces en entrevista con DF el subgerente general, Benjamín Izquierdo, quién calificó las modificaciones en el fraccionamiento de cuotas como "expropiatorias".
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