La empresa pesquera Landes presentó una acción judicial en contra del Estado de Chile, ante el 26º Juzgado Civil de Santiago, en la que solicita la exhibición de documentos clave y que deberían ser soporte para la tramitación de los proyectos de nueva ley de pesca y fraccionamiento pesquero.
Según indicó la empresa en un comunicado, con esta medida de carácter prejudicial, Landes solicita a los tribunales chilenos que se detallen los antecedentes que justificaron calificar la actual legislación como “ilegítima e ilegal”, ingresando un nuevo proyecto de ley que se discute en el Congreso.
De confirmarse que el proceso legislativo careció de fundamentos técnicos, financieros y jurídicos, se explica que Landes planea interponer una acción de nulidad y una demanda indemnizatoria contra el Estado por los efectos de la radical modificación del fraccionamiento pesquero, particularmente en la pesquería del jurel.
En el escrito -que va dirigido contra tres órganos del Estado: el Ministerio de Hacienda, la Secretaría General de la Presidencia y el Congreso Nacional- la empresa cuestiona la legalidad del proceso legislativo, argumentando que se habría omitido de forma deliberada la elaboración de informes técnicos, financieros y de impacto regulatorio, documentos exigidos por la normativa vigente para asegurar la legalidad y constitucionalidad de todo proyecto de ley.
Plantea que, evitando discutir el impacto regulatorio que traen los proyectos de ley, se tramitó una “expropiación encubierta para evitar pagar las indemnizaciones que a las que Landes y otros actores del mercado tienen derecho”, lo que a su vez contraviene la norma actual y las Licencia Transables de Pesca vigentes, modificándose así sustancialmente las “reglas del juego”.
"La nueva legislación es una lápida"
En el comunicado, el gerente general de Landes, Andrés Fosk, afirma que “la nueva legislación pesquera que impulsa el Ejecutivo es una lápida para una empresa como la nuestra, que emplea en Talcahuano, Región del Biobío, a más de 600 personas en un rubro clave para el desarrollo del país. Más grave aún, golpea el bienestar de cientos de familias empujando iniciativas que violan la Constitución y afectan derechos patrimoniales desarrollados en más de 70 años de inversiones y trabajo empresarial”.
Mientras, David Cademartori Gamboa, abogado socio de Barros & Errázuriz, oficina que tramita la acción de Landes, sostiene que “observamos con mucha preocupación cómo acá se incumplieron las reglas fijadas para una correcta discusión legislativa, en la que se ponderen todos los intereses: por una parte, los derechos adquiridos de las empresas, y por otro, el cuidado de los recursos. Desde el minuto uno esto no se ha dado y lo que hemos visto, como se denomina en jerga constitucional, es una suerte de ‘contrabando legislativo’".