Un contundente informe, que en la industria de los casinos de juego ha despertado la atención, emitió la Contraloría de Valparaíso en marzo, al catastrar la existencia de al menos 277 máquinas de juegos de azar en la comuna, las que se repartirían en varias decenas de salas de juego ilegales.
Aunque la existencia de máquinas de destreza ha generado un amplio debate hace varios años, esta vez la Contraloría detectó por primera vez máquinas que no cuentan con esa certificación y, de hecho, se constata que varias de ellas son de azar y estuvieron en algún casino autorizado con anterioridad.
El problema de fondo es que los casinos tienen una protección legal que les garantiza que no puede haber competencia a menos de 70 kilómetros a la redonda, lo que -dicen en la industria- en este caso afecta a la concesión del casino de Viña del Mar, que además es uno de los siete que está en proceso de relicitación para tener un nuevo operador hacia 2018.
El problema es que adjudicarse una concesión implica un desembolso fuerte de recursos al Estado, pero no se cumple esta condición clave del negocio. Otro cuestionamiento es que en estas salas ilegales, no se cumplen otras normas que sí deben cumplir los operadores autorizados, como es la información que deben enviar a entidades de gobierno en materia de fiscalización tributaria.
El documento del órgano contralor apunta a la responsabilidad del municipio en el otorgamiento de patentes a estos locales, una parte bajo la premisa de contar con máquinas de destreza -aunque una parte importante no estaba certificada como tal-, pero otros recintos tenían otros tipos de giros, pero sin embargo contaban con estas máquinas de juego.
El superintendente de Casinos de Juego, Daniel García, explicó que hay varios organismos que deben velar por que no se provoque esta situación, de partida los municipios que otorgan las patentes, las intendencias e Impuestos Internos, entre otros.
“La Superintendencia de Casinos sólo tiene facultades de fiscalización en los casinos regulados, aun cuando se puede hacer parte de las gestiones para prevenir la proliferación del juego ilegal”, explicó.
A la fecha, en Valparaíso, existen 27 patentes con el giro de máquinas de habilidad y destreza, de las cuales 18 se encuentra vigentes y 9 inactivas. Asimismo, hay 39 patentes con otros giros que explotan máquinas de juegos en sus respectivos establecimientos. De ellos, habría cerca de 20 recintos cuestionados.
¿Pérdida de interés?
Pese a que en la industria se mira con atención este tema, dado que habrá un desembolso importante de recursos en circunstancias que una de las condiciones más importante podría no cumplirse, en la autoridad creen que no habrá un efecto en la licitación de Viña del Mar, cuyo proceso de consultas termina hoy (ver recuadro).
“Respecto de los procesos de otorgamiento de permisos, la información disponible para la evaluación considera el escenario real de los actuales concesionarios, es decir ya incorpora esta situación. Por lo tanto, si bien es algo que se puede mejorar, no vemos que afecte significativamente el interés que pueda existir por el proceso, sino todo lo contrario nos parece que se han entregado reglas clara de operación para un próximo periodo por lo que esperamos sea del interés de inversionistas nacionales y extranjeros”, dijo García.
Del mismo modo, dijo estar optimista respecto de cómo evolucionará esta situación, dado que se está trabajando con el resto de los actores.
Proceso de licitación cierra fase de consultas
Hace dos semanas se dio inicio al proceso de otorgamiento de permisos de operación para los siete casinos municipales, proceso que se realizó tras la revisión de las consultas hechas por los interesados respecto de las bases técnicas.
Diez días tuvieron los oferentes interesados en las plazas de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Natales, para desarrollar consultas y solicitar aclaraciones pertinentes, proceso que cierra hoy. Ahora la Superintendencia cuenta con un plazo de quince días para dar respuestas a las consultas, por medio de circulares aclaratorias.
Los interesados deberán entregar sus propuestas y la documentación exigida en la audiencia pública de presentación de ofertas técnicas, la que se realizará el 4 de noviembre. Una vez realizada la evaluación, el Consejo Resolutivo ratificará el puntaje obtenido o solicitará más antecedentes, y resolverá si pone fin o no a la etapa de evaluación, con lo que se definirá la fecha de apertura de las ofertas y, entre quienes superen 60% de los requisitos exigidos, se adjudicará el permiso a la propuesta económica más alta.
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