Por Kharla Caniupán
Poco más de tres meses faltan para que entre en vigencia la nueva Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, que busca mejorar el tiempo, costo y tasa de recuperación para los acreedores de una empresa que enfrente un proceso de quiebra, además de que las personas naturales puedan lograr un acuerdo rápido de disminución de deuda.
El ex subsecretario de Economía, Tomás Flores, junto con su equipo de Pronostica compuesto por Alejandro Arriagada y Patricio Cortés, ex fiscal y ex jefe de emprendimiento y pyme de Economía respectivamente, realizaron un estudio en el que advierten que “el empeoramiento en las perspectivas económicas aumenta de manera significativa la estimación de los potenciales usuarios de la nueva ley”.
Desafío: banca y retail
El informe estima que “anualmente, en estado de régimen e impulsado por ´gestores de quiebras´, se acogerán cerca de 100 mil personas naturales y 3 mil empresas” a esta nueva regulación.
Esto implicará, principalmente, un desafío sustancial a la industria bancaria y de retail, porque permitirá que tanto las empresas como las personas puedan optar a suspender sus obligaciones financieras por un máximo de 90 días si se ven incapacitadas de cumplir con ellas.
Este panorama, en el caso de las personas naturales, significa un desafío si se considera que en 2013 había 2 millones de tarjetas de crédito bancarias y 4,9 millones de plásticos del retail con operaciones, sumando ambas colocaciones por sobre los US$ 5.750 millones. En tanto, en el caso de las empresas, este período de respiro financiero incidirá en el aumento de empresas que se acojan a estos beneficios.
Procedimientos
La nueva ley permite que personas naturales con 90 días de mora y una deuda mínima de UF 80 se puedan acoger a la nueva Ley. Por el grado de masificación del mercado de capitales, bancario y no bancario, y la tasa de uso efectiva de este tipo de regulación en otros países, estiman que serán poco más de 100 mil procedimientos anuales.
Número que alcanzaría el régimen en cinco años impulsado fuertemente por la aparición de “gestores de quiebras”, que podrían acelerar la velocidad con que se populariza el uso de esta normativa.
En tanto, para empresas se espera que de 150 casos al año de insolvencia al año, estos pasarían a 3 mil. Esto, en base al ratio de 35 casos anuales por cada 10 mil empresas, tasa superior a EE.UU. pero inferior a la europea.
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