La Constructora ASA Tres SpA -que se dedicaba a levantar edificios en Santiago por encargo de terceros, y vinculada al grupo ASA- solicitó su liquidación voluntaria. Se suma a la larga lista de empresas del rubro del ladrillo y el cemento que han pedido su quiebra, y que han acusado graves efectos de la crisis social y la pandemia.
Andrés Sánchez, constructor civil y representante legal de ASA Tres SpA, explicó -en la solicitud de liquidación presentada a la justicia- que los últimos edificios que se encontraba construyendo la empresa fueron en calle Santa Cristina 3180, en Macul (contrato que celebró con Inmobiliaria Santa Cristina 3180 SpA) y Neo Yungay, en General Bulnes 1238-1239, Santiago, encargado por la Inmobiliaria MBP SpA.
“Sin embargo, diversas circunstancias nacionales e internacionales no hicieron posible que pudiera continuar con esas obras”, dijo el directivo, quien precisó que la empresa se dedicaba a la construcción de edificios en distintas comunas de Santiago, mediante contratos por suma alzada celebrados con las inmobiliarias dueñas de los terrenos.
El directivo apuntó, en primer lugar, al denominado estallido social. “Presentó las primeras dificultades que no permitieron desarrollar un curso normal de las obras”, sostuvo.
Posteriormente, se refirió a la pandemia de Covid-19 a principios de 2020. “Esto causó restricciones de movilización (cuarentenas), limitaciones de horario y personal, que ralentizaron y generaron nuevos costos para la obra”, afirmó.
Luego, Sánchez apuntó a un “alza excesiva” en los insumos de la construcción a partir de 2021, lo que, dijo, imposibilitó económicamente a la empresa continuar con la ejecución de sus obras. “Los gastos eran superiores a los ingresos recibidos”, sostuvo.
El ejecutivo añadió que “es sabido que el rubro de la construcción ha sido sumamente golpeado por los efectos económicos y problemas logísticos generados por las restricciones del Covid19. En diversas ocasiones se les planteó a los representantes de las inmobiliarias lo imperativo que era renegociar el contrato y especialmente el precio pactado; pero se opusieron a cualquier cambio, salvo respecto de cosas muy menores, que, en definitiva, no significaban ni siquiera un paliativo a la crisis que estábamos enfrentando”.
Dado todo esto, dijo que no se pudo continuar con las mencionadas obras. “Posteriormente, pese a los esfuerzos, debido a la alicaída situación financiera en que se encontraba mi representada, le fue imposible en los meses siguientes realizar otras labores, aún las de menor tamaño o costo. Ya no se contaba con financiamiento bancario, tampoco posibles factoring, y se perdió toda la confianza de nuestros proveedores”, afirmó.
Por otro lado, el directivo dijo que, en el último tiempo, la compañía ha debido enfrentar una serie de demandas, tanto civiles, como laborales, de sus extrabajadores.
Diario Financiero intentó sin éxito tener una versión oficial del conglomerado.
Estado de la industria
Desde fines de 2019, más de una docena de empresas del sector construcción e inmobiliario han iniciado procesos ante la justicia. Unas para solicitar su liquidación y otras para intentar llegar a un acuerdo con sus acreedores y así poder seguir operando.
Los recursos vinculados a todos estos procesos son millonarios: los pasivos de las empresas que han recurrido a la justicia superan los US$ 500 millones.
Hasta ahora, la principal compañía que optó por solicitar una reorganización judicial, y así negociar nuevas condiciones con sus acreedores, fue el grupo Sencorp, ligado a la familia Senerman. El clan abrió dos procesos paralelos ante la justicia: uno para Sencorp SpA y otro para Inversiones y Renta Sendero SpA. Los pasivos superan los US$ 242 millones.
En junio, la Cruz Inmobiliaria y Constructora -de propiedad del expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Daniel Hurtado, y Marcelo Garrido- también inició un proceso de reorganización judicial para evitar su quiebra. A principios de octubre, los acreedores de la compañía visaron su plan de reestructuración propuesto. Sus pasivos son cercanos a los US$ 80 millones.
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