Como nunca antes en la historia reciente, las ciudades chilenas han enfrentado una agudización de las principales tensiones urbanas contemporáneas. Adicional a la crisis sanitaria de la pandemia, la crisis ambiental y la crisis institucional en algunos ámbitos, las ciudades han enfrentado una persistente crisis social que ha mostrado su cara más dramática en el incremento del déficit de acceso a la vivienda, el aumento de los campamentos y el deterioro de los barrios más vulnerables, cuestionando la efectividad de muchas políticas de vivienda y de planificación urbana.
En este contexto, es evidente que el gobierno no logró abordar estas crisis e implementar consensuada y multisectorialmente los cambios necesarios para avanzar hacia ciudades más sostenibles y justas, reforzando en algunos casos las debilidades del centralismo y de la fragmentación de acciones entre ministerios, especialmente en los ámbitos de la vivienda, el transporte y la infraestructura. Durante este gobierno, se echó de menos el funcionamiento de la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, y un mayor respaldo de las propuestas surgidas desde Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.
Luis Eduardo Bresciani L., Director Escuela de Arquitectura UCPast
Presidente Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Foto: Archivo
Aunque este escenario deja al próximo gobierno muchas tareas inconclusas y una mayor presión social por resolver los déficit urbanos y sociales, sería injusto evaluar la gestión de un gobierno solo por este escenario. Desde una mirada positiva, la gestión del actual gobierno en materia de vivienda y desarrollo urbano deja algunos avances que no solo han reforzado la continuidad de las políticas de gobiernos previos, sino que han logrado consolidar acuerdo con el Congreso y otros actores de la sociedad civil que facilitan nuevos avances.
Constituye un logro el fuerte incremento del gasto público en vivienda y ciudad de los últimos años, incluido el presupuesto del MINVU aprobado para el 2022 y sus efectos en el 2023, pues junto con los recientes cambios acordados con el Senado al proyecto de Ley de Integración Social, prefiguran un punto de partida positivo para los próximos años. El gobierno no solo entrega una gestión ordenada, con mayores recursos para vivienda, bancos de suelo público y proyectos urbanos, sino que junto a los instrumentos creado por las leyes aprobadas en el gobierno pasado, deja instalado nuevos instrumentos de gestión del suelo urbano y de ciudad, que una vez aprobados en el congreso pueden facilitar al Estado la creación de nuevos proyectos urbanos de vivienda, barrios y espacios públicos, respondiendo a las demandas sociales, urbanas y ambientales.
Si se avanza en los acuerdos logrados en leyes, procesos de descentralización e incremento del gasto público en vivienda, proyectos urbanos y transporte público, es posible iniciar un proceso de mayores cambios que permitan construir ciudades más sostenibles y justas. Ello hace posible que las nuevas autoridades no solo puedan dar continuidad a algunas medidas tomadas por el actual gobierno, sino que puedan avanzar sobre las evidentes debilidades de las políticas urbanas pasadas y las deudas sociales pendientes.
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