Entidades gremiales de la industria inmobiliaria y de la construcción, altos ejecutivos y expertos del rubro, vieron con buenos ojos la propuesta tributaria presentada el pasado martes por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la cual busca ser una alternativa al Pacto Fiscal. En el informe, la entidad -entre otras iniciativas- da a conocer 30 medidas sectoriales que podrían constituir un incentivo a la inversión, al empleo y a la productividad del país.
Ante la alternativa de la CPC, Slaven Razmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), destacó que cree que es fundamental recoger la mirada del sector privado como parte del proceso de diálogo, por lo que la propuesta contribuye a la búsqueda de consensos.
“Naturalmente hay diferencias de enfoque y prioridades, pero el punto de partida es ponerlas sobre la mesa. Valoramos el énfasis de la propuesta en redoblar los esfuerzos por un mejor funcionamiento del Estado, lo que se refleja en relevar la importancia de aumentar la eficiencia del gasto, reducir la evasión y la informalidad, y reducir la permisología por la vía de la racionalización de trámites, coordinación intersectorial, digitalización y simplificación”, destacó.
Por su parte, Carlos Cruz, presidente del Consejo Políticas de Infraestructura, explicó que apoyan en términos generales la propuesta planteada por la CPC, ya que vendría siendo una buena base para iniciar un intercambio de opiniones con el Gobierno para llegar a un acuerdo, y señaló que podrían contribuir a concentrar los esfuerzos en lo que es importante actualmente.
Medidas fundamentales
Dentro de las 30 medidas, los expertos destacaron entre los puntos “más fundamentales” las iniciativas en materia municipal. En este ámbito, una de las propuestas que se baraja en el informe es prorrogar la vigencia de los permisos de edificación durante 2024, lo que a juicio de Marcos Retamal, gerente general de Moller & Pérez-Cotapos, tendría un efecto muy relevante. “Esta acción no sólo respalda a los actores del sector, sino que también contribuirá a activar la inversión y la ejecución de proyectos, aspectos cruciales para dinamizar la cadena productiva impactada en el rubro de la construcción e inmobiliario”, dijo el ejecutivo, agregando que también ve positivamente la iniciativa de agilizar los procedimientos de recepción en las DOM.
En tanto, Juan Pablo Echegaray, gerente comercial de Exxacon, detalló que la postergación del vencimiento de los permisos sería “tremendamente positiva”, dado que ayudaría a esperar mejores condiciones de mercado, como mejoras a las líneas de financiamiento para iniciar construcción y una mayor absorción del stock de oferta de entrega inmediata.
Otra de las medidas que destacaron los ejecutivos es la de destrabar los pagos a las empresas contratistas de la industria. “En particular, y muy especialmente, resulta fundamental destrabar los pagos del Estado a empresas contratistas a través de las instancias adecuadas que permitan soluciones oportunas y concretas”, detalló Retamal.
A su vez, el director ejecutivo de la ADI explicó que es fundamental, para el buen funcionamiento de la economía, el cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos, en particular tratándose de pagos comprometidos en circunstancias muy complejas para la industria. “El diálogo transparente es la base de la cooperación público-privada, por lo que es fundamental cuidar las confianzas y entender al otro como un socio”, concluyó.
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