La defensa del empresario Jorge Gálmez, liderada por el abogado Raimundo Labarca, respondió con dureza a la demanda presentada por el liquidador del gimnasio Balthus Vitacura, quien acusó al controlador de la firma de “actos defraudatorios” y de “extraer” millonarios recursos desde la empresa pocos meses antes de solicitar la quiebra.
“Además de ser improcedente por su total falta de fundamentos, la demanda (...) importa una insolencia inaceptable que resulta impropia de una contienda judicial”, dijo Labarca. Añadió que su contraparte elaboró “un relato falso para llamar la atención de ‘la galería’ (…) Y cuyo único objetivo ha sido denostar a la empresa en liquidación y a sus accionistas”.
En julio pasado, Balthus Vitacura -que operaba en un terreno municipal tras ganar una concesión- pidió su quiebra, lo que atribuyó al estallido social y luego a la pandemia.
Como liquidador fue nombrado Cristián Herrera, quien, a fines del año pasado presentó una acción revocatoria concursal subjetiva, donde apuntó directamente contra Gálmez: “Es impresentable que el controlador de una empresa, le reste $ 3.436.580.610 de su patrimonio, y escasos meses después solicite su liquidación voluntaria, entregando migajas a sus acreedores, mientras la millonaria cifra en cuestión termina en sus propios bolsillos”.
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Dado esto, el abogado pidió revocar una serie de actos llevados a cabo por la firma deudora que manejaba el gimnasio: la cesión de créditos en dinero de Balthus Vitacura S.A. a Inversiones Alto Cielo SpA. y otras, plasmado en escritura pública del 24 de enero de 2020, operación por $ 2.379 millones; y transferencias desde la sociedad anónima hacia las cuentas corrientes de otras empresas relacionadas a Gálmez, efectuadas el 26 de diciembre de 2019, por $ 1.058 millones.
En respuesta, Labarca afirmó que el liquidador “omitió imperdonablemente” señalar que los pagos que cuestiona corresponden al reparto de utilidades generadas mucho tiempo antes de que Balthus cayera en insolvencia.
“Mucho se esfuerza el Liquidador en calificar los actos de los demandados como supuestamente expoliadores y defraudatorios, como si el controlador del gimnasio Balthus Vitacura simplemente hubiese hecho desaparecer de la sociedad $ 3 mil millones, como temerariamente expone. Sin embargo, sabedor el liquidador de que cuando una empresa tiene utilidades, lo que corresponde es distribuirlas; en ninguna parte de su demanda mencionó -y menos aún objetó- la existencia de dichas utilidades, su origen legítimo, el derecho a su reparto, ni las condiciones en que ellos fueron pagados”, sostuvo.
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Y añadió: “Esas omisiones tienen una razón de ser. El liquidador sabe perfectamente que una sociedad que tiene utilidades acumuladas y las reparte, no sólo no comete ningún fraude, sino que cumple con un elemento esencial de la misma, la cual es que los socios participen de los beneficios que genera”.
Además, dijo que Herrera omitió el impacto del Covid-19 en el país como la causa de la liquidación solicitada: “Esto resulta imperdonable pues la pandemia es el hecho que marca el curso de este proceso de liquidación”. En particular, enfatizó que no señaló que los gimnasios tuvieron que cerrar sus puertas por mandato de la autoridad a partir del 21 de marzo de 2020, con el efecto en ingresos que implica.
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