Tras la quiebra de la constructora Claro, Vicuña, Valenzuela (CVV), uno de los mayores dilemas que enfrenta el Ministerio de Obras Públicas es el destino de los proyectos cuya construcción quedó paralizada.
De acuerdo a lo expuesto ayer martes en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, desde la cartera se están abriendo a la opción de contactar a las restantes firmas participantes de las respectivas licitaciones para efectos de evaluar con ellas una eventual reanudación de los trabajos ahora suspendidos.
El ministro García fue emplazado respecto de sus dichos sobre la nula respuesta de CVV ante la petición del MOP para analizar la situación de la empresa.
La directora general de Concesiones, Valeria Bruhn, puso como ejemplo el desarrollo del Puente Bicentenario de Concepción, precisando que si bien aún no existe una definición clara respecto del futuro de esa iniciativa, en ese caso existió un “proceso competitivo donde hay otras ofertas y, eventualmente, uno podría ir y ver con las empresas que participaron y quedaron en segundo lugar. Es una alternativa”.
Bruhn también abordó la situación del Bypass de Castro, respecto del cual sostuvo que intentarán “apurar los plazos”, pero que debido a la presencia de hallazgos arqueológicos una buena opción podría ser “atacar” con un contrato específico de rescate de estas piezas para que “por un lado, no perdamos el tiempo entre la liquidación y la contratación y, además, mejoremos las condiciones para la tercera licitación”.
Reunión entre MOP y CVV
Durante la sesión, el diputado UDI Sergio Bobadilla se refirió a declaraciones del ministro de OO.PP. Juan Carlos García, en las que sostuvo que, a pesar de haber extendido una invitación a CVV a conversar sobre su situación, la empresa no concurrió. Al respecto, el parlamentario refutó esta versión señalando que “a través de Transparencia, nos hemos enterado de que se reunieron en nueve oportunidades. Entonces ¿Transparencia está faltando a la verdad o efectivamente se juntaron y no llegaron a acuerdo?”.
Frente a este emplazamiento, el ministro García expresó que “efectivamente, nos reunimos varias veces con la empresa Claro Vicuña Valenzuela, en la que fuimos viendo diferentes situaciones”. Y dijo que “prueba de ello es que en alguno de los contratos le hicimos un anticipo garantizado de $8 mil millones, equivalente al monto que ellos mismos decían que le adeudábamos”.
“Quiero ser preciso que cuando dije que los invité a reunirse conmigo, que fue la consulta que me hizo un medio de prensa (DF), fue respecto a su situación de quiebre en particular. Fue convocado para que podamos abordar esa situación de manera que podamos encontrar una solución que no fuera una liquidación voluntaria (...) y efectivamente no estuvo disponible para esa conversación final”, aclaró el titular del MOP.
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