La lista no para de crecer. La empresa Constructora B+V, fundada en el año 2000 y dedicada a la edificación pública y privada a nivel nacional, solicitó su liquidación voluntaria. La empresa, representada por Francisco Villaseñor y Leonardo Bravo, apuntó a la crisis social, la pandemia y a una serie de multas aplicadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Desde fines de 2019, más de una docena de empresas del sector construcción e inmobiliario han iniciado procesos ante la justicia. Unas para solicitar su liquidación y otras para intentar llegar a un acuerdo con sus acreedores y así poder seguir operando. Los recursos vinculados a todos estos procesos son millonarios: los pasivos de las empresas que han recurrido a la justicia superan los US$ 500 millones.
En su presentación a la justicia, la Constructora B+V, asesorada por el abogado Nelson Contador, señaló que, entre mediados de octubre de 2019 y el primer trimestre del 2020, a causa del estallido social, hubo numerosas pérdidas económicas por el menor rendimiento y número de horas trabajadas por parte del personal y cortes en el suministro de materiales. Esto se tradujo, dijo el abogado, en atrasos de los programas de trabajo con los consecutivos aumentos de costos de las obras, los cuales debieron ser absorbidos íntegramente por la compañía.
“Adicionalmente, en el contrato de Construcción del Centro Cerrado de Puerto Montt, mandatado por el Ministerio de Justicia, producto de estos atrasos, Constructora B+V Ltda fue sometida a una multa de $ 50.917.726, cuya apelación se encuentra sin solución hasta el día de hoy”, explicó.
Luego, el jurista señaló que, a causa de las exigencias impuestas por los clientes y la autoridad sanitaria para la prevención de contagios por Covid-19 en obras, a partir del primer trimestre de 2020, la compañía debió asumir una serie de sobrecostos asociados a tales medidas. “Todos estos mayores costos no contemplados en las estructuras de costos en las obras, sumado a los mayores plazos de construcción, que en varias obras significó ampliaciones al doble o más de los plazos originales de contrato, debieron ser asumidos íntegramente por Constructora B+V Ltda, con la imposibilidad de revisión de estos sobrecostos por parte de la autoridad administrativa”, dijo Contador.
A los mayores costos, el abogado dijo que la constructora debió absorber multas aplicadas por el MOP por atrasos, que totalizan $ 861.676.972. Estas, precisó, se desglosan por obra: Centro Cerrado de Antofagasta ($195 millones); Construcción PDI de Pudahuel ( $ 572 millones), PDI de San Ramón ($ 42 millones) y Centro Cerrado de Puerto Montt ($ 50 millones). “En su oportunidad fueron representadas como erróneas y solicitada su anulación por nuestros mandantes, lo que al día de hoy no ha sido resuelto”, sostuvo el jurista.
La empresa, además, apuntó a una serie de irregularidades y problemas graves en los antecedentes técnicos entregados por el MOP de Valdivia para la construcción del contrato Museo de Arte Contemporáneo en esa ciudad, lo que se tradujo –dijo Contador- en un atraso considerable de la obra (al doble del plazo original), aparición de hallazgos arqueológicos no previstos y cambio de todos los proyectos de especialidades (eléctrica, climatización, sanitario, entre otros). “La compañía debió demandar al MOP, solicitar la paralización de la obra e informar un sobrecosto, que el MOP se negó a pagar, de $ 1.500 millones. Este juicio está en proceso hoy en día”, sostuvo.
Junto a esto, el abogado dijo que, en julio pasado, el Gobierno Regional de Antofagasta comunicó a la constructora que daba término anticipado al contrato Teatro Pedro de La Barra. “Esto deterioró severamente el flujo de caja proyectado para el año 2022”, dijo la compañía, la cual acusó “una serie de falencias en la ingeniería entregada por la Dirección de Arquitectura de Antofagasta, lo que generó retrasos en la curva de construcción proyectada”.
Por último, la empresa apuntó a cambios drásticos en el mercado laboral, un incremento del 37% de inflación en los precios de materiales de construcción (calculado por la Cámara Chilena de la Construcción), y por otra, numerosas situaciones de escasez de materiales por quiebres de stocks, lo que –dijo- generó nuevos atrasos en las obras.
“Es importante tener en consideración que los contratos que Constructora B+V Limitada mantiene, fueron estudiados durante el período 2018-2019 y, por tanto, con remuneraciones e inflación acorde a la situación del mercado de esos años y una proyección afín a una situación macroeconómica normal durante el período de ejecución”, dijo el abogado Contador.
Y añadió: “El encarecimiento de la mano de obra y alta inflación, durante los dos años siguientes generó complejidades para que Constructora B+V Limitada (y gran parte de las empresas con contratos vigentes a esa fecha) pudiera contar con la totalidad del personal necesario en sus proyectos, exponiendo a la compañía a mayores plazos de construcción, mayores costos e inclusive a la aplicación de las multas descritas”.
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