La disputa por la impugnación del proceso de licitación del Duty Free del Aeropuerto de Santiago que abrió hace algunos meses Aldeasa Chile Limitada en el Tribunal de Contratación Pública contra el Fisco por “ciertas ilegalidades” en las bases, sigue en pie.
En junio de este año, los abogados de Nuevo Pudahuel -concesionaria a cargo del Aeropuerto Arturo Merino Benítez-, presentaron ante el tribunal una solicitud para admitir a la empresa como tercero independiente en el proceso, argumentando que la compañía tiene derecho a percibir los ingresos provenientes de los almacenes de venta libre.
Tras un mes de espera, el jueves por la tarde el tribunal entregó la resolución judicial de dicha solicitud en el estado diario. “Téngase por cumplido lo ordenado por este Tribunal a fojas 573 y con su mérito, téngase por constituido el poder de la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A”, señaló el documento judicial.
Esta resolución acepta la solicitud de la empresa Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel de ser reconocida como tercero independiente en dicho proceso. Además, concede un plazo para que las demás partes involucradas en el caso puedan presentar sus respuestas o comentarios en relación a la demanda.
Antecedentes del caso
Aldeasa lleva más de 28 años a cargo de las operaciones del Duty Free del aeropuerto de Santiago y, tras cuatro años de espera, los ministerios de Hacienda y de Defensa presentaron a finales de abril las bases del proceso de licitación para dicho recinto.
Esto llevó a la empresa a presentar una demanda en el Tribunal de Contratación Pública en contra del Fisco, donde acusó ciertas ilegalidades contenidas en las bases de licitación que regirán el proceso. En el documento, la firma destacó que lo presentado por los ministerios disponen de cláusulas que restringen "de manera antojadiza e injustificada el principio de libre concurrencia de los oferentes”.
Asimismo, Aldeasa un día antes del fin de la concesión -establecido para el 31 de diciembre de 2022- solicitó una prórroga de la concesión ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) por un periodo de 10 años más.
Ante la demanda, el Tribunal de Contratación Pública determinó a mediados de junio que la petición de suspensión solicitada por la firma "no ha lugar, sin perjuicio de lo que se resuelva, en definitiva".
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