El protocolo de acuerdo entre el Ministerio de Energía y los senadores de la Comisión de Minería y Energía, que destrabó la ley corta de distribución eléctrica, dejó amarrados una serie de temas que se comenzarán a discutir en marzo.
Uno de los más relevantes será evaluar posibilidades para terminar con el límite de invierno, umbral de consumo de electricidad que, cuando se sobrepasa, genera cargos adicionales a los clientes con tarifa BT1 (residenciales y pequeño comercio), que equivalen al 10% del segmento de regulados.
Aunque no tiene una magnitud fija, se estima que superar el límite de invierno puede encarecer en 15% como mínimo la tarifa de los clientes.
Esta medida buscaba desincentivar el uso de electricidad en invierno, en circunstancias que el país no tenía la capacidad de generación suficiente, algo que ha cambiado radicalmente.
“Para asegurar que este recargo no incremente de manera considerable las cuentas, principalmente para aquellas personas y familias vulnerables que utilizan electricidad para calefaccionar sus hogares durante los meses de bajas temperaturas, el Ejecutivo se compromete a establecer una mesa de trabajo con los actores del sector, incluidos los representantes de los consumidores a efectos de que esta mesa entregue un informe de alternativas antes del 31 de enero de 2020”, dice el protocolo.
Humberto Verdejo, académico de la Usach, explicó que el límite de invierno “se trata de una señal económica para que los clientes no aumenten sus consumos en los momentos de mayor demanda del sistema. Sin embargo, es una señal incomprendida por la ciudadanía y que no consigue el efecto que persigue, teniendo un impacto considerable en las cuentas”.
El protocolo también considera revisar los horarios punta, que constituyen señales de precios e incentivos a los usuarios para la gestión de la demanda.
Un tercer punto es permitir que el alumbrado público pueda acceder -como conjunto- a precios no regulados, así como dar subsidios cuando se produzcan alzas superiores al 5%, entre otras.
La Ley Corta de Distribución, que fundamentalmente baja la rentabilidad de las empresas del sector y cambia el proceso de tarificación, fue aprobada, por lo que ahora pasará a tercer trámite en la Cámara de Diputados.
En la sala del Senado se discutió una indicación de la senadora Yasna Provoste para bajar el rango bajo el cual un cliente puede optar por negociar libremente sus tarifas, la que finalmente no fue aprobada.
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