Firme en su posición está Cabo Leones II a pesar que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) le formuló un cargo luego que el Coordinador Eléctrico la denunciara ante la entidad por incumplir con una entrega de información. Y, además, el 4 de enero la Comisión Nacional de Energía (CNE) informara a la SEC posibles incumplimientos normativos.
Frente a estos nuevos episodios del conflicto que ha protagonizado la segunda empresa de energías renovables que declaró insolvencia, el socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría y asesor legal de Cabo Leones II, Carlos Alberto Reyes, asegura a DF que sorprende la denuncia del Coordinador y la formulación de cargo porque lo que respondió la firma no tiene que ver con autotutela sino que con que la información que se le estaba solicitando era “improcedente” al no estar participando en el mercado de corto plazo. Adelanta que los descargos -en los que se está trabajando- serán “lo suficiente claros y contundentes” como para que esta formulación no prospere.
Sobre el planteamiento de la CNE -reportado a la SEC- en que sostiene que la empresa no les pidió autorización para modificar los contratos siendo que esta es necesaria para el reemplazo de activos, Reyes es categórico: “No se necesita autorización ni de las distribuidoras ni de la CNE ni de ningún tercero para poder disponer libremente de los proyectos nuevos que comprometió la empresa en la licitación”. Esto, ya que “las disposiciones de los PPA y de las bases de licitación que le sirven de fundamento no contienen ninguna disposición que restrinja, prohíba o condicione la libre circulación del activo una vez que este ha entrado en operación comercial”.
Para Reyes, se confunden dos hechos, ya que se argumenta que la firma pidió autorización en 2019 y esta vez no, haciendo creer que se trata de la misma situación. Según el abogado, hace cuatro años se trató de un reemplazo de un proyecto nuevo durante su fase de construcción y antes de haber entrado en operación comercial, lo que sí requería aprobación de la CNE de acuerdo a los contratos. Sin embargo, una vez que las iniciativas entran en operación comercial, “la enajenación de esos activos -ya sea mediante venta, arrendamiento, etc- no implican una modificación de los PPAs y no requieren de la autorización alguna ni por parte de las distribuidoras ni por parte de la CNE”.
La empresa enfrentará el oficio de la CNE en la medida de lo que pueda disponer al respecto la SEC. Eso sí, se hará cargo de esto en el marco de los recursos de protección en cuanto “el Coordinador de alguna manera ha pretendido hacer suyos los argumentos de la CNE y justificar el rechazo de los reemplazos en el hecho de que se requería de una previa autorización de la CNE por configurar aquello una modificación de los PPA y que de nuevo da cuenta de una intromisión del Coordinador en una situación que escapa a su ámbito de competencia”.
La acción de la CNE para la empresa no es una forma de respaldar al Coordinador: “A quien le podría dar un respaldo es a las distribuidoras si quisieran, como únicas contrapartes nuestras en los PPA”.
El abogado enfatiza que la firma no ha roto la cadena de pagos y que ha cancelado el 100% de las obligaciones adeudadas, no cubiertas por sus garantías. A juicio de la empresa, es el Coordinador el que no ha terminado de efectuar el pago de las prorratas que definió y que van a cargo de esas mismas garantías. Y, al revés, “todos los días debe operar los proyectos y efectuar aportes al sistema a cambio de recibir pago cero de ello porque los pagos no son cursados por el Coordinador argumentando que está suspendidos del mercado de corto plazo”.
Reyes sentencia que “todo lo que pretende hacer el Coordinador apunta a facilitar el proceso de liquidación forzosa de Cabo Leones II”. “La empresa no ha visto una disposición del Coordinador a trabajar constructivamente en la búsqueda de una solución racional y adecuada para este problema”, agrega.
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