Tras la aprobación del proyecto que crea un mecanismo de estabilización de tarifas eléctricas, que permitió anular la reciente alza del 9,2%, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ofició a las empresas de distribución para que ajusten sus tarifas.
Así, las firmas deberán devolver los cobros realizados a los clientes a los que ya les habían emitido boletas con las alzas, el que deberá ser descontado en una cuota e informado en la boleta. El período en que se aplicó el alza contempla desde el 8 de octubre al 2 de noviembre.
“Tenemos conocimiento que ya se emitieron cerca de 5 millones de boletas con el alza anterior, cobro que deberá ser descontado a los clientes en la próxima boleta, tal como se lo instruimos en el oficio que les hicimos llegar”, señaló el superintendente de la entidad, Luis Ávila.
Una de las firmas que ya realizó los cálculos del impacto que tendrá la medida es CGE que comenzará la devolución el 18 de noviembre. Consultada, indicó que las cuentas de los clientes finales residenciales experimentarán una variación que en promedio irá entre $ 1.300 y $ 4.200 mensuales, dependiendo de la comuna y de su consumo.
Considerando una cuenta tipo residencial de 180 kWh/mes, por ejemplo, en la comuna de Coronel los clientes tendrán una rebaja en promedio de $ 1.372; y en el caso de Antofagasta de $ 4.200.
Impacto por ley de estabilización
En la conferencia telefónica de los resultados al tercer trimestre, AES Gener abordó el efecto del mecanismo transitorio de estabilización, considerando que el impacto será asumido por las generadoras de mantener congeladas las cuentas por el período en que se esperan alzas.
Según su estimación, tendrá que financiar aproximadamente US$ 120 millones del fondo de estabilización hasta julio 2023. “No obstante, el monto podría llegar a los US$ 150 a US$ 160 millones si producto de variaciones en combustibles o tipo de cambio se llega al cap establecido en la ley de US$ 1.350 millones”, aseguraron. Y aunque no estiman efectos en la distribución de dividendos para este año y el próximo, sí estimaron el impacto financiero en una cifra que va de entre los US$ 15 y US$ 25 millones al diferir las cobranzas hasta 2024-2027.
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