Un hito está ad portas de cumplirse en el desafío por descarbonizar la matriz eléctrica. El cronograma de cierre de centrales a carbón, que comenzó a gestarse en enero, será prontamente difundido por el gobierno. Esto, ya que las empresas ya presentaron sus fechas estimadas de retiro de sus unidades, por lo que las autoridades se encuentran afinando los últimos detalles de manera de hacer convivir las programaciones en el sistema.
Aunque los detalles del proceso se han mantenido en completo hermetismo por parte de las autoridades y las empresas, en las conversaciones se habría puesto sobre la mesa la discusión sobre las garantías que puede dar el proceso, teniendo en cuenta que -por ejemplo- se desconocen los detalles del proyecto de flexibilidad energética que prepara el gobierno, que busca crear incentivos para adaptar el sistema a las generadoras intermitentes.
Si bien Engie, Enel, Colbún y AES Gener son las protagonistas de este proceso, es esta última firma la que se ve más impactada por este cambio, ya que más del 80% del total de la capacidad instalada que tiene en Chile contempla al carbón como protagonista.
La firma, en medio de la transformación de la matriz, apostó por el almacenamiento de energía para tener opciones de respaldo y está trabajando en cómo reconvertir su fuerza laboral de sus centrales a carbón.
Según un informe del Banco Santander, la norteamericana tendría que invertir cerca de US$ 1.000 millones en activos solares y eólicos en los próximos 10 años para hacer frente a este proceso.
Se espera que el anuncio del trabajo realizado sea difundido por el propio Presidente Sebastián Piñera, quien busca que este logro se convierta en el estandarte de Chile de cara a la Conferencia de las Partes (COP25), la cumbre sobre el cambio climático de las Naciones Unidas (ONU) que se realizará en el país en diciembre.
Según trascendió, las alternativas que se comenzarían a analizar es realizar este anuncio en la Cuenta Pública Presidencial del próximo 1 de junio o coordinar un evento especial para informar lo acordado con las empresas, de tal forma de dar el puntapié definitivo a la COP25 que tiene a Chile como sede.
Esto, en medio de los cuestionamientos que han realizado desde el mundo parlamentario y ambiental de la débil agenda que puede mostrar el país en esta materia, considerando que la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ha mantenido su urgencia simple y no ha avanzado en su trámite legislativo. A esto se suma, además, los duros cuestionamientos que realizó la Corte Suprema al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que busca sancionar penalmente los delitos ambientales.
Las negociaciones
El trabajo de este cronograma comenzó tras la finalización de la llamada “Mesa de descarbonización de la matriz eléctrica”. En la instancia, que realizó nueve sesiones entre junio 2018 y enero de este año, se presentaron diversos estudios, exposiciones y se abordaron los eventuales impactos del retiro de las centrales tanto en el sistema eléctrico nacional como en la calidad del aire y salud de las personas.
Con los resultados de la mesa, el Ministerio de Energía emprendió la tarea de acordar con las empresas generadoras un cronograma y las condiciones para el cese programado y gradual de la operación de centrales a carbón, que no cuenten con sistemas de captura y almacenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes.
Para esto, la cartera liderada por Susana Jiménez activó una ronda de reuniones con las empresas generadoras que cuentan con centrales a carbón: Enel, Engie, Colbún y AES Gener. En estos encuentros, que se realizaron por separado y con carácter de privadas, se discutieron las variables y garantías que influían en sus respectivas programaciones.
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