El imperativo de ajustar los gastos en el actual contexto económico también toca a aspectos energéticos. El director de Presupuestos, José Pablo Gómez, instruyó el 1 de julio a alrededor de 60 entidades públicas para que a la brevedad posible oficien a la Dirección de Compras y Contratación Pública solicitándole que represente a su institución para adquirir el servicio de suministro de energía eléctrica bajo la categoría de cliente libre.
Lo anterior, dijo la autoridad, "en el marco de las facultades de esta Dirección para velar por la eficiente utilización de los recursos públicos".
Según se explica en el oficio, al que tuvo acceso DF, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley General de Servicios Eléctricos y en atención al empalme asociado a su suministro como usuario final, las instituciones aludidas se encuentran dentro de la categoría de cliente elegible, "lo cual le otorga el derecho de optar por un régimen de tarifa regulada o de precio libre por un período mínimo de cuatro años de permanencia, comunicando el ejercicio del referido derecho de opción a la correspondiente concesionaria de distribución con una antelación de, al menos, 12 meses".
Para migrar del régimen tarifario regulado al libre, se precisa que es necesario solicitar a la Dirección de Compras y Contratación Pública representar o actuar como mandataria de su Servicio, a fin de que realice las gestiones que correspondan para participar de la compra coordinada para la adjudicación o selección del suministro de energía eléctrica como cliente libre.
Además, se indica que, para la señalada migración, la normativa vigente exige comunicar a la concesionaria de distribución con una antelación de, a lo menos, 12 meses, el cambio de modalidad de cliente al régimen de libertad tarifaria.
En el oficio se alude a diversas instituciones, principalmente, ligadas al sector de la salud. Entre ellas, figura la Presidencia de la República, Servicio Médico Legal, Fuerza Aérea de Chile, Instituto de Salud Pública de Chile, Hospital El Pino, Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, Parque Metropolitano, Polícia de Investigaciones de Chile y la Universidad de Talca.
La lectura de los expertos
Expertos consultados advierten que la medida no es propia de un gobierno en particular. De hecho, se habría empezado a ver desde la segunda administración del exPresidente Sebastián Piñera.
El investigador del Centro de Regulación y Competencia (RegCom) de la Universidad de Chile, Javier Bustos, sostiene que las instituciones públicas, al igual que los consumidores privados, "vienen hace años revisando oportunidades de pasar al régimen no regulado, con el objetivo de acceder a menores precios de energía".
Recuerda que hace 10 años ya se realizó un piloto en la región del Biobío donde se agregó demanda de hospitales, universidades y gobierno regional para licitar contratos libres. Añade que esto ha continuado en los siguientes gobiernos, por ejemplo, entre 2018 y 2022 con las iniciativas "Mejor Gasto Público" a través de ChileCompra.
Dado que en diciembre de 2024 se aprobó la reducción del límite de potencia para optar al régimen libre de 500 kW a 300 kW, Bustos plantea que "es esperable que más instituciones del Estado puedan optar por este régimen".
En cuanto al ahorro que podría generar que las instituciones pasen a ser clientes libres, el experto puntualiza que "hoy en día es posible esperar reducciones de al menos 10% y hasta 20%, dependiendo del tamaño del consumo, el período del contrato, el punto de consumo en el sistema nacional y la anticipación con la cual se licite el inicio de suministro".
El académico de la Universidad de Santiago de Chile, Humberto Verdejo, complementa que el Estado ya ha utilizado este mecanismo en distintas administraciones. "La experiencia muestra ahorros de hasta el 30%, pero sería apresurado afirmar que ese será el resultado ahora; primero hay que licitar y comparar el costo total de ambas alternativas", aseguró.