Una nueva muestra de descontento dejaron plasmada en una misiva siete empresas contra los ministros Juan Carlos Jobet (Energía), Ignacio Briones (Hacienda) y Lucas Palacios (Economía), expresando su preocupación por las señales regulatorias que se han observado en los últimos meses, ya que éstas afectarían negativamente el desarrollo de la Energía Renovable No Convencional (ERNC) en Chile.
La carta, que fue enviada el lunes, es firmada por José Luis Muñoz (AELA Generación), Alfredo Solar (Atlas Renewable Energy), Tomás Schröter (Wpd Chile), Gabriel Ortiz (First Solar), Jaime Solaun (Solarpack Chile), José Ignacio Escobar (Acciona Energía Chile) y Jean-Christophe Puech (EDF Renewables Chile).
Destacando que las ERNC han invertido a la fecha más de US$ 2.300 millones y han comprometido nuevas inversiones por más de US$ 900 millones, las firmas sostienen en el documento de seis páginas que el proceso de descarbonización del sector eléctrico en Chile está "en peligro como resultado de los últimos cambios regulatorios patrocinados o apoyados por el Gobierno y el Congreso, donde se han presentado iniciativas basadas en la premura y la contingencia, con nula o poca participación o consulta con actores del sector".
Según detallan, ven con preocupación los profundos efectos financieros que ha tenido la ley que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica en los contratos de suministro de energía y potencia adjudicados en procesos de licitaciones públicas para abastecer a clientes regulados. Y, además, cuestionan que la ley corta de distribución eléctrica propuso una reducción en el límute de capacidad de ciertos clientes regulados para pasarlos a libres.
"Es injusto, por decir los menos, que precisamente las compañías que, de buena fe, han sido pioneras en la rebaja de los precios de energía, en la introducción de competencia en el mercado eléctrico y en el uso de tecnología limpia, sean objeto y resulten castigadas financieramente a diferencia de otros actores el mercado. En tal respecto, es importante resaltar que a la fecha no se han impulsado modificaciones regulatorias o normativas que permitan proteger la inversión y continuo desarrollo de los actores ERNC", aseguran.
A partir de la crisis desatada por la expansión del coronavirus donde el gobierno y los gremios acordaron que las empresas brinden facilidades de pago en las cuentas de la luz al 40% más vulnerable de la población, plantean que la demanda de los clientes regulados suscritos entre sus compañías y las distribuidoras ya está sufriendo una importante reducción con impactos negativos significativos a los flujos de caja ya fuertemente golpeados por la implementación de la ley de estabilización de precios.
Frente a esto, proponen como alternativa que el Estado financie la moratoria a los sectores más vulnerables de las familias chilenas e instrumente a la brevedad paquetes de apoyo financiero a empresas de energía renovable que ya se encuentran seriamente afectadas por la aplicación del mecanismo de estabilización y la gran depreciación que ha sufrido el peso chileno.
Las firmas enfatizaron que una de las premisas utilizadas para promover su participación en licitaciones públicas internacionales de suministro de electricidad para clientes regulados fue la certeza jurídica y la fortaleza institucional que tiene Chile para desarrollar proyectos de infraestructura. Sin embargo, agregaron que las medidas planteadas previamente parecen apuntar en el sentido contrario.
"Es un hecho que la certeza jurídica se ha visto seriamente afectadas por las recientes modificaciones regulatorias, diseñadas con apuro y con reparos técnicos y agravada aún más por los recientes anuncios de próximas modificaciones que, a su vez, no han sido consensuados con la gran mayoría de la industria de productores de ERNC", sentencian.
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