Mañana comenzará en el Senado la discusión del proyecto que crea un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas que busca anular la reciente alza de 9,2%, retrotrayendo el valor al nivel del primer semestre de este año. La iniciativa propone que las generadoras asuman el costo financiero de mantener congeladas las cuentas por este año y el próximo -donde se esperan alzas- para luego devolver lo acumulado cuando comiencen a regir los contratos de energías renovables.
Y si bien las grandes generadoras han apoyado la medida, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera) ha mostrado su inquietud por los impactos que el mecanismo puede generar en los pequeños generadores, ya que se podría producir un descalce en los flujos de caja que las empresas tienen contemplado para pagar su financiamiento. Incluso, a pesar de los ajustes que realizó el gobierno hasta último minuto, el viernes el gremio renovable insistió en que aún se mantienen puntos que deben ser conversados con mayor profundidad.
En ese contexto, el académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, plantea perfeccionamientos al proyecto que tiene discusión "inmediata". Según plantea, debido al descontento manifestado en las movilizaciones sociales, este mecanismo debiese ser aplicado sólo a los clientes regulados residenciales, entre los cuales se encuentran las familias más vulnerables y no a todo el espectro tarifario.
Verdejo explica que si bien el gobierno señaló que la iniciativa estaba destinada a regular las alzas de las tarifas a las familias, en la redacción del proyecto se incluyeron todo tipo de clientes: residenciales, cadenas de farmacias, centros comerciales, cadenas de cafés, supermercados, entre otros.
"Esto último no sólo deja de lado el discurso y el objetivo social del mecanismo de estabilización, sino que además aumenta el costo de US$ 450 millones a un poco más de US$ 1.000 millones", señala. En esa línea, agrega que esta deuda deberá ser asumida por las empresas de generación, dentro de las cuales y gran mayoría, verán afectados los flujos de caja y financiamientos.
Para el experto, se debe modificar de forma urgente que "el mecanismo sea aplicable solamente a los clientes residenciales y no a todo el resto de clientes de grandes consumos como los ya indicados, lo cual reduciría en un 60% el costo de la medida". Añade que no se vería adecuado presentar de cara a la ciudadanía que, a partir de sus demandas, se vean beneficiadas las cadenas de comida, farmacias, supermercado y otras empresas que deben ser un parte de los que entreguen soluciones.
Y advirtió: "El Ministerio debe corregir esto con premura. En caso contrario la deuda que se generará será tan elevada que complicará al sector eléctrico durante la siguiente década. Esto pondría en riesgo a empresas generadoras renovables que han hecho inversiones a partir del 2015 y que deben pagar sus créditos a los bancos. Los beneficios del fondo de estabilización deben ir a las tarifas residencial, a las familias más vulnerables, no a otro lado".
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