Varios grandes consumidores de electricidad, en distintos puntos del país, enfrentan hace unos meses una importante alza de sus costos de energía, derivado del cambio en el sistema con el que se aplica el cobro por el uso de las líneas de transmisión, fruto de la reforma legal que impulsó el exministro Máximo Pacheco.
Además de establecer que la demanda se haga cargo del 100% de la tarifa por transporte de energía (previo al ajuste legal era sólo el 20%), el cambio incluyó, como una forma de simplificar los cálculos, la socialización del costo del transporte de la energía entre todos los usuarios, bajo un modelo de estampillado para el uso de las redes eléctricas.
El problema ahora se está dando en las redes intermedias, hoy denominadas de transmisión zonal y, previamente, de subtransmisión.
Antes en este segmento el pago correspondía al uso efectivo de la red por parte de los usuarios para recibir su energía. De esta forma, quienes están más cerca del punto de retiro del sistema principal o nacional (antes llamado troncal) pagaban menos porque su tránsito por estos tendidos era más acotado que el de quienes estaban más alejados y, por lo tanto, pagaban más.
“El mayor problema está hoy en la transmisión zonal y en los costos que ello implica al consumidor final, pues aquí la socialización perjudica a quienes están cerca de los sistemas troncales o, simplemente, no usan ciertas partes de los zonales. En efecto, una industria o un cliente minero ponía en su evaluación económica el costo de transporte (subtransmisión) y lo minimizaban con la localización. Hoy esa ecuación se volvió inútil, ya que la socialización afecta fuertemente a quienes están conectados muy cerca de los grandes sistemas y favorece a los que estaban más alejados”, explica Francisco Aguirre, director de Electroconsultores, quien apoyó esta simplificación tarifaria en los comités de discusión de la reforma, vigente desde inicios de 2017.
Magnitudes
En la industria comentan que hay clientes a los que les ha triplicado este cargo. La Fiscalía Nacional Económica en un informe sobre el mercado eléctrico, que entregó hace un par de semanas al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, estima que si con el esquema anterior la subtransmisión representaba del orden del 2,4% del costo eléctrico de un cliente libre, en el escenario actual el peso de este elemento se acrecienta al 8,7%.
El consultor y past president de la Asociación de Consumidores de Energía No Regulados (Acenor), Elías Valenzuela, comenta que el estampillado establece valor único para las áreas zonales que se definieron, siendo el tramo entre San Fernando y Temuco (zona E), el que tiene el mayor valor a financiar.
“En este sector se daban casos de incrementos para el año 2018 del orden de US$ 5 millones respecto al pago del año anterior”, plantea.
Otros especialistas mencionan las zonas aledañas a la interconexión SIC-SING -las regiones de Antofagasta y Atacama-, como otras áreas donde estas alzas se han dejado sentir con más fuerza.
Añade que a raíz de lo anterior y ya que la ley habla de un cargo por uso, se abrió la posibilidad de revisar la metodología de cálculo por parte de la autoridad, dando origen a una propuesta para separar el estampillado por niveles de voltaje, lo que mitigaría estos aumentos excesivos.
“Inicialmente, para el mismo sistema zonal E, donde se determinaba pagar 9,52 $/Kwh, si se aprueba el ajuste habría tramos diferenciados, de entre $ 0,35 por KWh a $ 10,32 por KWh, dependiendo del nivel de voltaje donde se realizan los retiros de energía”, apunta Valenzuela.
Mayores precios
El objetivo de la reforma a la ley de transmisión, según explica el consultor Elías Valenzuela, es eliminar barreras de entrada y de limitación de la transmisión para incentivar la competencia y desarrollo del sector generación, simplificando sus costos asociados.
Lo anterior implica que el costo de transporte y de expansión de las redes se reparte entre todos los consumidores sin importar el tipo, asignándose un costo unitario, lo que, a juicio de Francisco Aguirre, no cambia mucho respecto de la ley anterior, salvo que la irrupción de las ERNC provoca la necesidad de una fuerte ampliación de las redes lo que hace que los costos se incrementen.
"La normativa elimina los costos que asignaba a los generadores y le carga el 100% a los consumidores finales, con la consecuente alza importante en los precios explícitos de transmisión en los costos finales", apunta Aguirre.
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