Con preocupación y críticas se recibió el proyecto de ley corta ingresado este miércoles por el gobierno que busca regular el mercado del gas natural. Así lo manifestó hoy la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) que, a través de una declaración, pone su atención en que la iniciativa vuelve a reducir la rentabilidad máxima de esta actividad, concretando una baja de tres puntos porcentuales adicionales a la disminución que ya se había establecido en la ley promulgada en 2017.
Respecto al articulado que modifica el régimen aplicable al chequeo de rentabilidad anual al que están sujetas las empresas concesionarias de distribución de gas, el gremio manifestó su preocupación, "toda vez que la iniciativa introduce modificaciones regulatorias que aplicarán a toda la distribución de gas natural por redes en Chile, afectando así a todos los actores que operan en este mercado".
Según explica en el escrito el presidente ejecutivo del gremio, Carlos Cortés, la industria chilena del gas natural está comprometida con el desarrollo sostenible del país y con su seguridad energética. Por ello, advierte que, "de prosperar la disminución de rentabilidad para esta actividad, tal como está planteada en esta iniciativa legal, se afectará seriamente el crecimiento futuro de una industria que juega un rol clave en la transición hacia una matriz energética descarbonizada, así como en la descontaminación de las ciudades".
Además, Cortés alertó que se introducen "importantes asimetrías regulatorias" en relación con otras actividades de servicio público.
El dirigente gremial criticó también que esta iniciativa -a su juicio- careció de trabajo prelegislativo con la industria y con las empresas directamente afectadas. Esto, agregó, "nos sorprende y parece no estar en línea con el discurso previo entregado por la autoridad".
"Esperamos que en la discusión legislativa sí sean considerados y escuchados todos los actores, más allá de la coyuntura", lanzó Cortés de cara al inminente inicio de la discusión legislativa en el Senado.
Uno de los puntos abordados por el articulado -y que concentra la mirada del Congreso y la opinión pública- es la derogación del artículo 12 transitorio de la actual normativa, el cual habría permitido que Metrogas creara una empresa hermana y aumentara el costo de la prestación de su servicio de distribución del servicio, implicando un aumento de hasta 20% en el precio pagado por los clientes de esta empresa. Lo anterior, de acuerdo a un estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que analizó este mercado.
De esta manera, todos los contratos pasan a regirse permanentemente por la normativa contenida en la ley de servicios de gas, que chequea la rentabilidad del grupo verticalmente integrado, no solo de la concesionaria.
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