Un duro cuestionamiento al funcionamiento de Metrogas y al rol que está jugando una empresa hermana, la Aprovisionadora Global de Energía (Agesa), en el cálculo de los retornos que logra la sociedad realizó la Fiscalía Nacional Económica en su estudio de mercado.
Para entender esto hay que remontarse al proyecto de ley que impulsó el gobierno de Michelle Bachelet -con el ministro Máximo Pacheco en Energía-, cuando en enero de 2015 propuso un texto legal que buscaba definir una metodología clara para calcular la rentabilidad máxima a la que pueden acceder las empresas distribuidoras de gas natural en las zonas de concesión, junto con reducir esa tasa.
Fue en medio de ese trámite legislativo, en junio de 2016, que Metrogas acordó dividirse, dejando en Agesa el negocio de compra del gas natural y comercialización mayorista a clientes que no están sujetos a regulación. Así, estas dos firmas celebraron en ese mes un contrato de suministro, el que permitió a la distribuidora recontratar el suministro que antes tenía asegurado de GNL Chile, pero a un precio mayor. “Este contrato logró elevar de manera importante los costos que antes tenía Metrogas”, dice el documento.
El problema es que aunque la ley exige que las compras de gas natural entre empresas relacionadas se realicen a través de licitaciones públicas e internacionales, un artículo transitorio propuesto por el propio gobierno en el trámite en el Senado en septiembre de ese año, estableció una excepción a la regla para los casos donde existiera un contrato de suministro del combustible previo.
El problema detectado por la FNE ahora es que este contrato elevó los costos de Metrogas: “En contraposición, podemos observar que ni antes ni después de las modificaciones a la Ley de Servicios de Gas, los costos de otras empresas distribuidoras de gas natural sufren una variación similar a ésta”.
Detalla que Metrogas -que es propiedad de la española Naturgy y Empresas Copec- es la única que se acogió a este artículo transitorio, lo que evidenció las diferencias. En un ejercicio realizado para medir esto se concluyó que mientras una empresa comparable redujo su margen en 6,2 puntos porcentuales, Metrogas junto a Agesa, pudo obtener márgenes de 1,2 puntos porcentuales superiores a los que obtenía antes. “Metrogas logró ser el único distribuidor al que la reforma legal no solo no lo afectó, sino que le permitió incluso incrementar su margen”, dice el documento y agrega que la mayoría de las empresas del sector debieron ajustarse para no sobrepasar la rentabilidad máxima establecida por ley, pero que en el caso de estas dos empresas -contrariamente- fueron capaces de incrementarlos.
Esto -dice- ha significado un incremento de entre 12,7% y 20,2% en el precio del gas natural residencial pagado por los clientes de Metrogas, lo que se traduce en ingresos adicionales para el grupo entre US$ 78 millones y US$ 87 millones.
Por eso, la FNE propone derogar dos artículos de la ley, permitiendo que el cálculo de la rentabilidad considere a todo el grupo económico, verticalmente integrado.
Consultado Pacheco respecto a estos antecedentes, dijo que “en mi gestión como ministro de Energía fui consistentemente señalando y exigiendo que las empresas de gas -específicamente Metrogas- debían comportarse de una manera diferente a lo que habían estado haciendo. No corresponde que las empresas le tuerzan la nariz a la ley o al espíritu de la ley”.
Agregó que “el informe de la FNE me parece sumamente importante y oportuno porque nosotros denunciamos, como les consta, con mucha fuerza y claridad la manera imperfecta en que funciona un mercado tan importante para los hogares como es el del gas y especialmente el de gas de cañería”, agregó.
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