Una extensa jornada se vivió este miércoles en el Tribunal Constitucional (TC), el cual escuchó a 56 organizaciones y personas jurídicas que plantearon sus argumentos sobre las dos normas que impugnó la oposición del proyecto de reactivación aprobado por el Congreso: invariabilidad tributaria y la restitución de fondos por anulación de Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Una de las exposiciones más comentadas fue la del exministro de Justicia, Luis Cordero, quien, junto al abogado constitucionalista Patricio Zapata, fue fichado por Salmón Chile para defender las relocalizaciones de cultivos que contiene el proyecto.
En su calidad de abogado experto en derecho administrativo, Cordero graficó la situación: “Imaginemos una jaula de salmones instalada hace 30 años en los fiordos del sur. Moverla 300 metros, sin producir un kilo más —que es la discusión de la norma en el proyecto—, mejoraría las corrientes, oxigenaría el fondo marino y reduciría los impactos; eso es una microrelocalización”.
María Pía Silva encabezó el pleno del TC que escuchó a diversas organizaciones. Foto: Aton
A continuación, afirmó: “Mover la jaula es para proteger el mar y no es algo inconstitucional. Lo que plantea el requerimiento en este punto no es un problema de constitucionalidad, es un desacuerdo de mérito legítimo, pero eso se resuelve en el sistema democrático y no ante sus señorías”. Y añadió: “Este no es un caso de regresión ambiental”.
La participación de Cordero, quien fuera también ministro de Seguridad del gobierno de Boric, generó reparos en algunos dirigentes de la oposición, como fue el caso de la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez.
Otro que intervino a favor de dicho sector fue Matías Mori, en representación del Consejo del Salmón.
El abogado indicó que el requerimiento en materia ambiental “no puede prosperar por razones técnicas: se basa en reservas de constitucionalidad de dos diputados que no cumplen con requisitos mínimos para ser acogidos”.
El otro lado de la mesa estuvo representado por Roxana Núñez, de la Fundación Greenpeace Pacífico Sur, quien opinó que excluir los desplazamientos de relocalizaciones de evaluación ambiental “no constituye únicamente una simplificación procedimental, sino una disminución de un mecanismo de prevención”.
A su vez, el representante de la Fundación Rumbo Colectivo criticó la restitución de fondos por RCA anulada y señaló que “el problema fundamental de este proyecto es que algunos artículos transforman al Estado en un asegurador de riesgos regulatorios de inversión privada, se vulnera el debido proceso y la tutela ambiental”. El otro foco en el debate
Ya en el terreno de la invariabilidad tributaria, uno de los defensores fue el Centro de Estudios Públicos (CEP). En su representación, el economista Rodrigo Vergara recordó que, cuando se eliminó el DL 600, el razonamiento fue que Chile había alcanzado tal grado de estabilidad que no era necesario tener invariabilidad. “La realidad posterior nos ha enseñado que, desgraciadamente, nuestra apreciación no era del todo correcta”, dijo.
En tanto, el fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Manuel Hertz, afirmó que la invariabilidad “en nada afecta nuestro régimen democrático consagrado en el artículo cuarto de la Constitución que el Congreso establezca un régimen de invariabilidad que otorgue certeza durante un período determinado”, porque “son las mayorías elegidas por los ciudadanos las que deciden dar un marco jurídico para promover la inversión en nuestro país”.
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