Interchile, filial de la colombiana ISA, no se dio por vencida y volvió a la carga para intentar revertir la decisión del gobierno, de cobrar una boleta de garantía por US$ 2,6 millones a raíz de los atrasos que tuvo el segundo tramo de la megalínea Cardones-Polpaico, que fue inaugurada a mediados de junio.
La compañía había ido a la Corte de Apelaciones después que la exministra de Energía, Susana Jiménez, decidiera aplicar la medida -dado que parte de las demoras no podían ser consideradas de fuerza mayor-, pero la instancia no acogió sus argumentos. El 13 de septiembre fue a la Suprema para jugarse sus últimas cartas en esta disputa.
En el documento, presentado por el abogado Pedro Pablo Gutiérrez, se señala que el 9 de septiembre la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones rechazó con costas su acción, por, "consideraciones que evaden el fondo de la discusión y derechamente escapan a la denuncia efectuada por Interchile".
A su juicio, el tribunal "prácticamente omitió" un decreto que acogía parcialmente la ampliación de plazo que había solicitado la empresa para ejecutar uno de sus hitos, "y se concentró en materias que en nada remedian el agravio sufrido por mi representada".
Según explicó, la justicia asumió que el caso fortuito reclamado como causal de las demoras ser materia de un juicio completo y no de un recurso de protección, que fue el camino elegido por la empresa para oponerse al cobro.
Este argumento, dijeron, es "abiertamente incongruente" con el contenido de al menos dos documentos -entre ellos el Decreto Supremo Nº19- que reconoce parcialmente la existencia de la fuerza mayor o caso fortuito alegado por Interchile, al punto que se otorgaron 84 días adicionales al plazo pactado originalmente para la entrega del proyecto.
"Lo que se reclamó específicamente fue el acto ilegal o arbitrario de ordenar el cobro de la boleta de garantía sin esperar la toma de razón del acto administrativo (que definía un nuevo plazo) en que dicho cobro pretende fundarse", aclararon.
Interchile agregó que "el recurso no tenía como propósito cuestionar el fondo de lo resuelto pues su contenido carecía de valor jurídico precisamente por no contar con la toma de razón. Nos encontramos, entonces, con una sentencia que rechaza un recurso estableciendo la improcedencia de alegaciones que ni siquiera están en el recurso. La I. Corte califica como materia de un juicio de fondo, y no de protección, un aspecto que precisamente no ha sido objeto de la acción de protección".
Así la empresa busca que no se cobre la boleta de garantía y no pagar las costas del juicio, ya que dice que tenía motivos para ocupar este recurso.
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