Si bien Interchile, filial de la colombiana ISA, escribió formalmente el 30 de mayo el capítulo final de la construcción de la megalínea Cardones-Polpaico, al lograr su entrada en operación, la empresa tiene aún pendientes y flancos abiertos.
Esto, porque la norteamericana First Solar volvió a la carga contra la empresa. La firma había recurrido el 8 de febrero a la Contraloría para presionar al gobierno a tomar medidas por los sucesivos atrasos de la iniciativa, y ahora el 24 de mayo volvió a la carga, concentrando su acción en el Ministerio de Energía.
Gabriel Ortiz, representante legal de Luz del Norte, de propiedad de la gigante norteamericana, presentó un documento de 47 páginas para sumar evidencia al análisis que la cartera liderada por Susana Jiménez está realizando de los diversos antecedentes, que puedan determinar si se justifica o no la solicitud de Interchile de declarar que el retraso en la entrada en operación del tercer tramo de la línea –por casi 17 meses- se debió a fuerza mayor.
En el escrito, se señala que Luz del Norte ha sido “severamente perjudicada” por el retraso en la entrada en operación de la línea y que dichos atrasos se han originado en gran medida por una “gestión desprolija de carácter transversal de todo el proyecto”.
La presentación apunta al cobro de las boletas de garantía por US$ 2,6 millones por parte del Ministerio de Energía frente al atraso del segundo tramo de la megalínea, lo que incluso provocó que Interchile respondiera con una acción judicial.
La firma renovable considera que lo resuelto por la autoridad el 27 de febrero de este año, que acogió parcialmente la causal de fuerza mayor alegada por Interchile respecto de ese tramo, se ajusta a derecho, por lo cual en ningún caso dicha decisión –una vez firme administrativamente- debiese considerar un número de días superior para ese tramo. De esta forma, apuestan a que se mantenga el criterio adoptado.
Sin embargo, enciende la luz de alerta frente a la conclusión que prontamente podría anunciar la ministra respecto a las consecuencias que tendrá los atrasos del tercer tramo.
Al respecto, Luz del Norte pide que se rechacen las alegaciones de fuerza mayor formuladas por Interchile, excepto para dos episodios puntuales que hubo con una toma violenta de una de sus torres y un paro de funcionarios públicos. El 16 de enero de 2018 debía estar operativo este tramo.
Así, se solicita que se disponga el cobro de la boleta de garantía por incumplimiento del quinto hito del tercer tramo de la línea y se comunique lo resuelto al Coordinador Eléctrico para que proceda en el cobro de multas por cada día de atraso.
Consultados al respecto, los abogados Jorge Quintanilla y Bernardo Busel, representantes de First Solar, explican que se busca “reforzar el principio de certeza jurídica para los inversionistas en proyectos de generación, señalando que los plazos para que las líneas de transmisión entren en servicio serán exigidos por el Estado como garante de la oportuna planificación de las redes de transmisión”.
Agregan que “la aplicación de las multas y cobro de boletas demuestra que el costo de este retraso, cuya magnitud es inexcusable, no debe ser soportado sólo por las empresas de ERNC y los clientes finales. A esta fecha, los perjuicios transversales suman más de US$ 100 millones”.
Gabriel Ortiz, ejecutivo de la multinacional, señala que es “francamente incomprensible. Hubo un atraso de casi 17 meses que generó perjuicios de carácter transversal y hay responsables, el marco regulatorio es claro, por lo tanto, el ministerio tiene que aplicar las reglas del mercado, ni más ni menos que eso”, sostuvo.
La arista ambiental
Además de los problemas que acarrearon los atrasos de la línea, persisten causas ambientales aún sin terminar.
Según los registros de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), hay dos casos pendientes. En uno de ellos, que se gestó en 2017 y nació por denuncias en la región de Atacama, la empresa presentó un plan de cumplimiento y la comunidad presentó varios recursos dentro del proceso administrativo sancionador. Sin embargo, no se aceptó dicho plan y la empresa presentó descargos, lo que terminó con una multa de 1.102 UTA.
La sanción aplicó respecto a la construcción y operación de una instalación de faenas en la comuna de Los Vilos no descrita en la evaluación ambiental del proyecto y no cumplir el plan de rescate y relocalización de suculentas. La empresa presentó un recurso de reposición en contra de la multa y esto aún está pendiente de resolución.
El otro caso es de octubre del año pasado por incumplimientos calificados como graves, por la superación de la norma de ruido e incumplimiento del monitoreo de ruidos en la etapa de construcción. La empresa presentó sus descargos, los denunciantes presentaron nuevos antecedentes y la SMA está solicitando información a la empresa.
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