En medio de la fuerza que ha tomado la electromovilidad, el grupo Saesa inauguró el 27 de septiembre su primera red de carga para vehículos con esta tecnología, que interconecta 1.200 kilómetros entre las regiones de la Araucanía y Aysén, con puntos de carga instalados a no más de 100 km de distancia, la de mayor cobertura en el país.
El suministro eléctrico será entregado de forma gratuita en una primera etapa y los usuarios podrán acceder a ellos por medio de una tarjeta de carga. Además, el grupo controlado por capitales canadienses anunció el inicio de la comercialización de cargadores residenciales y de una bolsa-tarifa especial asociada a este producto.
“Estamos cumpliendo un gran desafío, ya que por primera vez un vehículo eléctrico podrá desplazarse a lo largo del sur con seguridad y que no sólo se traslade en forma recta por una ruta, sino que también a lo ancho del territorio”, asegura el gerente general del grupo, Francisco Alliende, quien además delinea los pasos que debiera transitar el país en materia de electromovilidad.
Para Alliende, “hay un compromiso real de todas las empresas en avanzar en esto. Uno ve distintas iniciativas que pueden sonar un poco tímidas todavía, pero tiene que ver con la cantidad de autos eléctricos que hay”, reflexiona, agregando que estos son aún 40% o 50% más caros que uno convencional.
A título personal, plantea que muchas personas están esperando a que estos precios bajen y, cuando eso suceda, habrá una explosión en la demanda. “Ahí es donde como compañía -y todo el sector eléctrico- tenemos la responsabilidad de estar preparados”, reconoce.
¿Faltan definiciones regulatorias para avanzar? Alliende pone su atención en los taxis colectivos. Según explica, hoy existe un subsidio al recambio de esos vehículos y los gremios han planteado que este aporte aumente, lo que podría ser un detonante para masificar la electromovilidad.
“Si me dicen qué es lo que se podría hacer como país para tener un salto más importante, claramente que la llave tiene que ver con el subsidio al recambio de taxis que existe hoy, probablemente ajustando un poco ese valor a uno más alto para los vehículos de taxis colectivos eléctricos”, enfatiza.
Así, estima que una medida en esa dirección podría ver incorporarse del orden de 1.000 vehículos eléctricos en los siguientes 18 a 24 meses.
A nivel general, dice, se podrían discutir algunos tipos de beneficios tributarios como que éstos no paguen permisos de circulación los primeros años o que el IVA sea escalonado.
Efecto COP 25
Considerando que existen diversas instancias para analizar los variados aspectos que implica la electromovilidad, Alliende propone aprovechar el hecho de que la COP25 se realice en Chile para que las mesas de trabajo concreten metas, teniendo en cuenta que “todas las empresas eléctricas tomamos compromiso este año para avanzar en viabilizar la implementación de movilidad eléctrica”.
Puntualiza que “es bueno aprovechar el impulso de la COP25 para efectos de meterle fuerza a anuncios concretos que se puedan implementar el 2020. Entre ellos, sin lugar a dudas, el que generaría más alto impacto es la revisión del monto de subsidio”.
El máximo ejecutivo de Saesa no tiene dudas en sostener que la gran barrera actual a la incorporación de la electromovilidad es el alto costo que todavía tiene la fabricación de estos autos, pero dice esperar que se resuelva en los siguientes tres años.
“No me cabe ninguna duda de que esto deja de ser ciencia ficción de aquí a un par de años y será la solución más eficiente desde todo punto de vista”, dice.
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