Una baja en las causas ingresadas a los tribunales ambientales se materializó el año pasado respecto a 2022, rompiendo la tendencia al alza que alcanzó uno de los registros más altos en plena pandemia. Si bien en el último tiempo incidió con fuerza en esto la ley destinada a proteger los humedales urbanos, ahora se habría entrado a una estabilización, aunque las presentaciones ante estos organismos especializados que operan de norte a sur no cesarían.
Las causas ingresadas al Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, pasaron de 38 a 28. En el Segundo Tribunal Ambiental, asentado en Santiago, éstas llegaron a 83 en 2022 frente a las 67 del 2023. Incluso, una diferencia más relevante se generó en el Tercer Tribunal Ambiental, basado en Valdivia, que descendió desde 90 a 55.
El ministro presidente del Tercer Tribunal Ambiental, Javier Millar Silva, dio luces de lo sucedido en la cuenta pública de su sede. Frente al “notable” aumento de ingresos durante 2022, explicado por los reclamos originados en la Ley sobre Humedales Urbanos, sostuvo que, durante 2023, “el ingreso de causas se estabilizó en un cifra similar a los años anteriores”.
“Este año 2024 es probable que veamos mayores procedimientos judiciales asociados a la industria de la salmonicultura”, afirma el abogado Fernando Garrido.
De estos ingresos nuevos, indicó que 40 corresponden a reclamaciones de ilegalidad, de los cuales un 22,5% se han dirigido a impugnar resoluciones que declaran humedales urbanos, “lo que denota una baja en relación con el año anterior, pero aún marcando cierta relevancia que tienen estos instrumentos de protección en la macrozona de competencia del Tribunal”.
Este Tribunal profundiza a DF que, más que hablar de una disminución en el ingreso de causas durante 2023, “lo que se observó fue un aumento excepcional de ingresos durante 2022, explicado por las reclamaciones en contra de actos administrativos que ese año declararon humedales urbanos, al amparo de la ley Nº 21.202”. Esto, pues, desde el año 2019, en adelante -salvo 2022- los ingresos totales se estabilizaron en torno a las 54 causas anuales. “Si durante 2023, el porcentaje de reclamos vinculados a declaraciones de humedales urbanos sólo alcanzó a un 22,5%, ello se produjo en un contexto de ingresos totales similares a 2019, 2020 y 2021; a diferencia de 2022, año en el que un 52% de reclamaciones ingresadas corresponden a reclamos de este tipo, lo que coincide con la aplicación de la Ley de Humedales Urbanos, su Reglamento y los plazos para reclamar”, explican.
Para el Segundo Tribunal Ambiental, si en 2023 se percibe una baja de reclamaciones y demandas, puede ser porque en el ejercicio anterior se materializó la mayoría de las reclamaciones que recibió el Tribunal en contra de los procedimientos de declaración de humedal urbano. Pero recalcan: “Sigue siendo un año con un alto ingreso de causas en total en comparación con períodos anteriores”.
Para la directora de Prieto Abogados, Romina Tobar, “se observa más bien una estabilización respecto de un peak generado por las reclamaciones asociadas a los decretos que declaran humedales urbanos, lo que no se repitió con la misma intensidad durante 2023”. Agrega como factor, además, una disminución en el número de proyectos que han sido calificados en el SEIA. Esto último es recogido por Fernando Garrido, socio del estudio Barros & Errázuriz, quien señala que la disminución en el ingreso de recursos es “multicausal”, pero que “entre los factores que más han impactado debe considerarse la baja en los proyectos ingresados a evaluación ambiental”.
Asimismo, reconoce que ha existido una preponderancia de reclamaciones contra las resoluciones que declaran humedales urbanos.
Nuevas normativas
El Primer Tribunal Ambiental destaca la tendencia al alza en la cantidad de causas pese a algunas fluctuaciones debido a la pandemia y la aplicación de la Ley de Humedales Urbanos. Y que, considerando que los nuevos instrumentos de gestión ambiental que establecen normativas podrían ser reclamados, “es plausible” esperar un incremento en la cantidad de causas.
La directora de Prieto cree que, salvo que exista un volumen importante de declaraciones de humedales urbanos este año, en 2024 los números deberían ser similares a los del ejercicio precedente.
Sobre otros temas que se harán presentes en las acciones ingresadas este año, reconoce que en la última reforma al Reglamento del SEIA se amplía el alcance del concepto de cargas ambientales que permite la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental. “Esto, y de haber efectivamente una mayor participación, podría implicar un incremento en las reclamaciones de aquellos participantes que estimen que sus observaciones no han sido debidamente consideradas en el marco de la evaluación ambiental de un proyecto”, puntualiza.
Mientras, Garrido plantea que es probable que la existencia de reclamaciones contra declaratorias de humedales urbanos se mantenga o incluso aumente. Y añade que “en 2024 es probable que veamos mayores procedimientos judiciales asociados a la industria de la salmonicultura, pues la propia SMA la incluyó como área de interés en el programa de fiscalización ambiental de Resoluciones de Calificación Ambiental para este año”.
A esto suma cómo se relaciona la fiscalización o judicialización ambiental con nuevas materias, como la Ley de Delitos Económicos o la Ley Marco de Cambio Climático, ya que “existen temas distintos al propiamente ambiental que pueden ser cada vez más relevantes a la hora de iniciar un procedimiento, ya sea administrativo o judicial”.
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