El proyecto Reserva Ecológica Oasis de La Campana, en la región de Valparaíso cuenta con 2.121 lotes y una superficie de 2.490 hectáreas (ha), de las cuales 1.566 ha están destinadas a subdivisiones para desarrollo inmobiliario. Esto equivale a unos 15,7 km2, extensión mayor a la de toda la comuna de Providencia, que ronda los 14,3 km2.
En paralelo a los movimientos de una serie de instituciones públicas que han puesto la lupa sobre las irregularidades practicadas en torno a las parcelaciones, este megaloteo aparece como uno de los campos de batalla en que se librará la disputa sobre el futuro de esta industria.
El pasado viernes, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló un cargo gravísimo contra la Inmobiliaria Oasis La Campana, propiedad de los hermanos Mauricio y Francisco Moreno Sagredo. El ente fiscalizador acusó que la parcelación no cuenta con un permiso ambiental –que se exige a los proyectos con más de 80 viviendas- y que algunos de los lotes están ubicados dentro del área protegida del Parque Nacional La Campana.
La superintendenta Marie Claude Plumer afirmó que la inmobiliaria “modificó la propuesta original derivando en un proyecto inmobiliario de desarrollo urbano que contempla obras de construcción y que no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) conforme a la normativa que le resulta aplicable”.
La compañía arriesga una multa de hasta $ 7.434 millones.
Tras la presentación de cargos de la SMA, la compañía emitió una declaración donde niega ocupar terrenos del parque y en la que argumenta que la acusación se formuló con antecedentes inexactos. “Todo el desarrollo de nuestro proyecto ha sido realizado respetando las leyes y normas existentes y bajo el principio de buena fe”, esgrimió.
Denuncias de estafa
La resolución de la SMA se suma a acusaciones que se habían gestado entre los mismos vecinos. En abril de 2022, la compradora de uno de los terrenos (de iniciales A.P.) había ingresado una querella en contra de la inmobiliaria por estafa y apropiación indebida y, entre sus argumentos, advertía de lo hoy expuesto por la Superintendencia.
Según se relata en la querella, cuando A.P. evaluaba comprar la parcela, se le dijo que no tendría que pagar contribuciones porque “estaba acogida a la ley de bosque nativo”.
La compradora asegura que hizo la reserva de la propiedad pagando el 10% del valor de esta y comenzó a desembolsar las cuotas para pagar otro 15% antes de firmar la promesa de compraventa, con “intereses mensuales muy usureros, ascendentes a un 7,85%”. Una vez firmada la promesa, reclama nunca haber recibido las escrituras del predio.
Raúl San Martín, abogado querellante, dijo a la justicia que posteriormente a que su defendida hubiese hecho estos primeros pagos, cayeron en la cuenta de que la inmobiliaria jamás podría “hacer la transferencia de dominio sobre el inmueble en comento, ya que la ley se lo impide, o bien, porque ha perdido los derechos reales sobre el mismo”, al no contar con los permisos ambientales respectivos. En total, la demandante afirma haber desembolsado $29 millones “a cambio de nada”. La Fiscalía de La Calera emitió un oficio al Servicio de Impuestos Internos (SII) solicitando investigar el caso de Oasis de La Campana.
Consultada, la inmobiliaria afirmó no haber sido notificada y que, al tratarse de un proceso judicial, esperará que la justicia resuelva: “Siempre hemos cumplido la ley y descartamos cualquier ilícito”.
Fiscalización de permisos
En paralelo, algunos vecinos cuentan que han intentado organizarse para iniciar acciones legales contra la inmobiliaria, debido a “cláusulas abusivas” en los contratos. Según las fuentes, la empresa ofrece créditos directos en los que “si te atrasas con una cuota, les da a ellos el derecho de quedarse con la parcela”.
Asimismo, cuentan que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Hijuelas ha comenzado a fiscalizar las parcelas debido a que habría más de 100 de ellas sin permisos de edificación. La inmobiliaria ha notificado a algunos vecinos de la situación, señalando que este procedimiento era responsabilidad de los compradores, aunque terrenos seguían a nombre de la compañía.
“Una de las parcelas denunciadas por no tener Permiso de Construcción es la que usted tiene con Promesa de Compraventa. La denuncia llegó a nombre de Inmobiliaria Oasis de La Campana, pero en juicio se indició que el responsable de esa acción es usted”, dice un correo enviado por la empresa a uno de los vecinos.
Frente a esta situación, la inmobiliaria sostiene que hace más de 15 años que no tiene construcciones propias y que se ha preocupado de que “el 100% de las casas que se construyan tengan permiso de construcción y recepción municipal definitiva y cumplan con todas las obligaciones pertinentes”. Por eso, argumentan que si un prominente comprador inició una construcción sin permisos, es de su propia responsabilidad.
Además, apuntó a la Junta de Vecinos, señalando que sus denuncias están perjudicando a otros propietarios, “que quizás no sabían que tenían esa obligación, o que estaban en proceso de cumplirla, y que ahora tienen que pagar una multa y contratar un abogado para defenderse”.
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