La Fiscalía Nacional Económica (FNE) pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que imponga modificaciones sustantivas y estructurales a la operación conjunta de Copec, Enex y Esmax en plantas de almacenamiento de combustibles líquidos, para que su operación se realice en condiciones de rivalidad entre los socios, sus beneficios lleguen a los consumidores y no tenga el efecto de excluir a otros competidores.
Lo anterior, fue planteado por la entidad en la audiencia realizada este miércoles en el TDLC, en el marco de la consulta que formuló la FNE en noviembre del 2022 respecto de los contratos que rigen la propiedad y uso compartido de estas instalaciones.
Por su parte, Copec señaló a través de un comunicado, que siempre ha dado "pleno cumplimiento a la normativa de libre competencia", y destacó que la consulta fue presentada tras casi seis años de investigación de la FNE, "donde no se imputó ninguna infracción, hecho ni conducta contraria a la normativa de libre competencia por parte de Copec. Ello fue ratificado hoy en la audiencia pública".
Conclusiones de la FNE
Tras su investigación previa, la FNE identificó riesgos para la libre competencia derivados de estos contratos y su ejecución, los cuales no serían compensados por las eficiencias que genera la operación conjunta de las tres firmas.
Concluyó también que esta colaboración entre competidores, si bien puede ser necesaria para alcanzar eficiencias operativas y de inversión, podría generar también riesgos de exclusión y de cierre de mercado aguas abajo a los competidores de las empresas.
En su alegato, el abogado y Coordinador de la División Antimonopolios de la FNE, Alejandro Domic, destacó que el objetivo de la consulta es lograr medidas adecuadas, eficaces y oportunas para mitigar los riesgos anticompetitivos identificados, según su naturaleza y magnitud.
Entre los riesgos, mencionó que los Comités de cada planta están integrados por ejecutivos de primera línea en las áreas de abastecimiento de cada empresa, sin ningún tipo de control independiente; que los acuerdos que los rigen establecen restricciones al comportamiento independiente de los socios que no son ni necesarios ni justificados; y que se observa un profuso intercambio de información privada y estratégica entre los socios, incluso contraviniendo sus propios instructivos y guías internas.
En respuesta a ello, las medidas solicitadas por la FNE apuntan a que las plantas tengan un administrador independiente y que los socios ejerzan una propiedad pasiva, junto con una serie de resguardos conductuales accesorios.
“Estas medidas se encuentran justificadas en la magnitud de los riesgos ya explicados, y son idóneas para mitigarlos. Los argumentos de las comuneras para indicar que generarían efectos negativos en el mercado o que son imposibles de aplicar, simplemente no tienen sustento fáctico y un buen diseño de las medidas elimina tales riesgos”, señaló Domic.
Respuesta de la empresa
A través de un comunicado, la empresa reaccionó señalando que ha presentado antecedentes que evidencian el aporte del modelo de operación conjunta de las plantas de almacenamiento. "Entre sus ventajas, destaca que se fomenta la competencia entre distribuidoras, se evita duplicar infraestructura, se reducen los impactos medioambientales y, muy especialmente, permite asegurar el suministro energético del país".
Aseguró además que las medidas solicitadas por la FNE asumen "riesgos hipotéticos" que no han ocurrido en más de 70 años y advirtió que podrían provocar alzas de precio de combustible, al aumentar los costos de almacenamiento y distribución.
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