La investigación en torno a la quiebra de la histórica papelera Dimar ha mutado. A 15 meses de que la compañía ligada a la familia Ariztía Araya solicitara la reorganización financiera, las filiales del grupo canadiense Copap, que comercializaban diversos productos con la chilena, alista la ampliación de su querella en contra de quienes resulten responsables por el desfalco de más de $ 30.000 millones.
La gigante extranjera, que suma ventas anuales en torno a US$ 800 millones y opera desde hace más de 35 años en el rubro papelero, ampliará su demanda por estafa con delitos relacionados a la entrega de información contable falsa, que vinculan directamente a los integrantes del directorio de Dimar, sumándose al nombre del exgerente general Jonatan Morán.
“No nos hace sentido que los directores no se hayan dado cuenta del fraude de Morán hasta septiembre del 2023, parece absolutamente inviable. Los antecedentes hacen pensar que el directorio tenía conocimiento con anterioridad”, comenta a DF el abogado de Copap, Matías Balmaceda, de BCP Abogados.
El caso se destapó en septiembre de 2023, cuando en sesión de directorio, y a raíz de una caída significativa en los volúmenes de venta, los directores solicitaron a Morán -que llevaba 20 años en la firma- una proyección de ventas y flujo de caja para la próxima cita.
Según narra la querella criminal que la misma empresa presentó en contra de su exgerente general por administración desleal, Morán no entregó lo solicitado, pero sí los estados financieros de Dimar, con los que pidió de forma “urgente” una inyección de $ 1.000 millones debido a distintos vencimientos comerciales. Ante la sorpresa, los socios solicitaron una auditoría interna y accedieron al pago.
El 3 de noviembre de ese año, se informó la existencia de irregularidades contables, con imputaciones en cuentas de inventario ficticias por sobre los $ 7.400 millones. Al ser increpado por el presidente del directorio, Morán confesó que esa era la única irregularidad, originada en marzo de 2023, y que el monto ascendía a $ 5.000 millones.
“Pero era mucho más grande”, cuenta el abogado principal de la firma, Rodrigo De La Barra, de DPO Abogados. “La auditoría evidenció que todos los números que entregó al directorio, por años, eran falsos. La firma estaba totalmente endeudada: no habían tenido utilidades reales en años, pero él sí las reportó y hasta se pagaron impuestos por ganancias que nunca fueron. Estaban todos los estados financieros adulterados”, precisó. El directorio solicitó la renuncia de Morán, pero se le pidió colaborar como asesor externo. La auditoría arrojó que existía un “mundo paralelo extracontable” y un esquema de larga data para engañar al directorio, según Dimar.
Copap mantuvo por meses operaciones de compraventa con Dimar pese a facturas impagas, debido a la confianza que había en los estados financieros de la firma y la relación de larga data entre las partes. La deuda de la papelera con la canadiense totaliza $ 1.650 millones, sin contar intereses y reajustes.
La chilena acumuló pasivos por más de $ 48.000 millones. Banco Itaú, el acreedor más relevante, con el 10% del total, rechazó la propuesta de reorganización presentada por Dimar en abril de 2024, lo que gatilló la liquidación de la compañía. Un total de 100 personas fueron despedidas con la quiebra.
Recientemente, el Ministerio Público acogió la solicitud de Copap de revisar todos los mensajes y correos entre Morán y el directorio. “El Ministerio Público los ha colocado en calidad de imputados, lo que significa que son objeto de investigación, lo que nos lleva evidentemente a ampliar nuestra querella, donde ellos van a quedar nominativamente en calidad de querellados”, sostiene Balmaceda.
Desde Dimar, De La Barra destaca que “ha sido un golpe emocional y económico enorme para los socios” y que el pago de $ 1.000 millones “es un hecho muy decidor respecto de la buena fe que tenía el directorio” en la empresa. DF intentó contactar al abogado representante de Morán, pero no obtuvo respuesta.
Matías Balmaceda, abogado de Copap: “Es difícil creer que no hayan tenido noción de un fraude de estas magnitudes"
“Es difícil creer que un directorio que operaba de forma mensual y presencial no haya tenido una noción de un fraude de estas magnitudes. Además, cuando se devela la situación, mantienen a Morán en la empresa, lo que es totalmente cuestionable”, dice el abogado de Copap en la causa.
“La administración desleal, que es el tipo penal que hemos imputado, exige deberes fiduciarios, que dicen relación con el cargo desempeñado. Si estoy en un directorio, debo al menos mirar los documentos que me hace llegar el gerente general desde el punto de vista financiero. A propósito de otros temas de delincuencia económica la pregunta es ¿qué pasa con los directores a cargo de estas compañías en razón del rol fiduciario que deben cumplir?”, cuestiona Balmaceda y destaca, en ese sentido, la nueva Ley de Delitos Económicos.
Respecto al caso, agrega que “ellos mismos argumentaron que los antecedentes que se habrían acompañado en su proceso de liquidación eran falsos y que no daban cuenta de la realidad de la compañía. Esto lo dicen los mismos ejecutivos y eso en sí constituye un delito, porque cuando pides la liquidación, tienes la obligación de llevar una contabilidad fidedigna”.
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