Jorge Gálmez -ex socio de la multitienda Paris y dueño del Mall Sport, entre varios otros negocios- llegó a un acuerdo con los acreedores del hoy desaparecido exclusivo gimnasio Balthus Vitacura. Tras dos años de litigio, y las largas negociaciones en los últimos meses, el empresario entregó casi $ 1.300 millones a los demandantes, quienes lo habían denunciado de extraer recursos de la empresa antes de pedir su quiebra.
De esta manera, se sigue con la liquidación de la compañía, con nuevos recursos que serán repartidos entre los acreedores.
En julio de 2020, la compañía solicitó su quiebra –con pasivos por más de $ 6.854 millones- apuntando a los graves efectos que le generó la crisis social y luego la pandemia.
En diciembre de ese mismo año, el abogado Cristián Herrera, liquidador del extinto gimnasio, acusó al controlador de la firma, Gálmez Puig, de supuestos actos defraudatorios. “Es impresentable que el controlador de una empresa, le reste $ 3.436.580.610 de su patrimonio, y escasos meses después solicite su liquidación voluntaria, entregando migajas a sus acreedores, mientras la millonaria cifra en cuestión termina en sus propios bolsillos”, dijo el abogado del liquidador de la empresa, José Jofré, en una acción revocatoria concursal subjetiva, que buscaba recuperar dineros a favor de los acreedores.
La defensa de Gálmez, liderada por el abogado Raimundo Labarca, respondió con dureza a la acusación. “Además de ser improcedente por su total falta de fundamentos, la demanda (...) importa una insolencia inaceptable que resulta impropia de una contienda judicial”, dijo Labarca. Añadió que su contraparte elaboró “un relato falso para llamar la atención de ‘la galería’ (…) Y cuyo único objetivo ha sido denostar a la empresa en liquidación y a sus accionistas”.
A mediados del año pasado, y a petición del abogado a cargo de la bancarrota, la justicia decretó la incautación de propiedades y el embargo de dineros en cuentas de una serie de sociedades ligadas a Gálmez, hasta por $ 3.436 millones.
Tras dos años de litigio, el pasado 29 de diciembre, la junta de acreedores aprobó un acuerdo, y así poner fin a la acción revocatoria. Este también considera que los acreedores no presentarán una querella criminal, la que –según se reveló en la reunión- estaba ya redactada.
Por su parte, y con el único objeto de poner término a la acción revocatoria, una serie de sociedades ligadas a Gálmez se comprometieron a pagar casi $ 1.300 millones a los acreedores, los que se dividen en $ 850 millones en un vale vista y el saldo, mediante el pago de acreencias laborales efectuado por Balthus Las Condes a los ex trabajadores de Balthus Vitacura.
El 25 de enero de 2023, representantes de ambas partes presentaron un escrito a la justicia en el cual informaron del mencionado acuerdo, solicitando que sea visado.
Con esto, el liquidador del extinto gimnasio se desiste pura, simple e íntegramente de la acción revocatoria concursal, lo que es aceptado –según se explica- por la defensa de las sociedades ligadas a Gálmez. Además, cada parte pagará sus costas.
Junto a esto, se pidió el alzamiento de la incautación de propiedades y el embargo de dineros que pesaba contra el empresario.
Gálmez debe pagar una millonaria multa derivada de otro de sus negocios. En noviembre pasado, la Corte Suprema prohibió la venta de terrenos del proyecto Punta Puertecillo (en Litueche, Región de O’Higgins) y sancionó con $ 3.650 millones a la inmobiliaria a cargo de la iniciativa, ligada al empresario. El máximo tribunal condicionó –como una medida cautelar- la comercialización de las parcelas hasta la obtención de una Resolución de Calificación Ambiental.
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