El 12 de julio se emitió el oficio N° 637 por parte del Ministerio de Agricultura, instructivo que ordenaba al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) endurecer los criterios para autorizar subdivisiones de predios rurales, suspendiendo todas las solicitudes en los casos en que se sospechara que los terrenos serían destinados a fines habitacionales.
Inmediatamente, la reacción de la industria se hizo sentir y diversas inmobiliarias pidieron a la justicia suspender el instructivo. Ninguna lo había conseguido, hasta ahora.
Al conflicto protagonizado entre el gremio y Agricultura, se suman los proyectos que se están trabajando en Vivienda y en el Congreso, además de la entrada de la SMA al debate.
En octubre, la asociación gremial de parceleros, Chile Rural, solicitó al 7° Juzgado Civil de Santiago abrir un juicio para determinar la legalidad del instructivo. A grandes rasgos, el gremio denuncia que, en la circular del Minagri, el Gobierno se está tomando atribuciones que en realidad corresponden al Poder Legislativo, por lo que el documento carecería de legitimidad.
Así, Chile Rural solicitó formalmente suspender el instructivo de las autoridades hasta que se resuelva el proceso judicial. Según pudo corroborar Diario Financiero, esta semana la jueza Lidia Patricia Hevia acogió la petición y suspendió tanto el Ordinario N° 637 como el N° 475, circular emitida por el SAG que dio a conocer los criterios que utilizaría el servicio para rechazar las solicitudes de subdivisión.
Actualmente el proceso se encontraría a la espera de la notificación a las partes demandadas, es decir, las autoridades.
La postura de los parceleros
Según explican conocedores de la causa, los argumentos que presentó el gremio a la justicia son los mismos que ya habían manifestado públicamente desde el momento en que surgió el instructivo.
Sus dirigentes han reclamado que el rol del SAG en las subdivisiones de terrenos se limita a verificar si el predio en cuestión tiene una superficie de, al menos, 0,5 hectárea física –mínimo exigido por la regulación- y si tiene acceso a algún espacio y/o camino público.
Por esto, consideran que el SAG obtuvo facultades que van más allá de lo que fija la ley. La postura de los parceleros es que una eventual regulación de los loteos debe venir desde el Congreso, por lo que el Ordinario N° 637 vulneraría la separación de los poderes del Estado.
La Asociación Chile Rural está siendo representada en el tribunal por el abogado Felipe Riesco, exsubsecretario de Medio Ambiente y hoy socio del estudio Barros, Silva, Varela & Vigil.
A principios de agosto, tras la publicación del instructivo, Francisco Castro, director del gremio, había señalado que “claramente existe una ilegalidad, porque las cosas no se hicieron de buena manera”.
Un nuevo frente
Antes de que Chile Rural recurriera a los tribunales civiles, el conflicto entre el Gobierno y las inmobiliarias se había librado en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde distintas compañías presentaron recursos de protección.
Entre otros, las empresas habían reclamado por millonarias inversiones que habían realizado en predios rurales y promesas de compraventa que habían suscrito con sus potenciales compradores.
En tanto, el Gobierno había insistido en los daños ambientales provocados por la proliferación de loteos, lo cual fue respaldado por organizaciones ambientales y algunas municipalidades, que habían pedido unirse a la causa en favor del Ejecutivo.
La pandemia trajo consigo el auge del teletrabajo, lo que provocó que la demanda por parcelas de agrado prácticamente se duplicara. Los datos del SAG indican que, en 2019, se registraron 9.907 solicitudes de subdivisión. En tanto, en 2021 esa cifra llegó a 19.541 tramitaciones.
En julio, a la fecha de la publicación del Ordinario N° 637, el servicio ya había recibido 11.682 solicitudes, concentradas principalmente entre las regiones del Maule y Los Lagos Este crecimiento explosivo fue lo que alertó al Gobierno y que desembocó en el instructivo en cuestión.
Las líneas de acción
En paralelo a las confrontaciones judiciales que vive el Ministerio de Agricultura, el tema de los loteos también está siendo discutido semana a semana en el Congreso, tanto en la comisión de este sector como en la de Vivienda y Urbanismo.
Por un lado, en entrevista con este medio, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, reveló que el Gobierno planea ingresar un proyecto para regular el uso del suelo agrícola, que podría contemplar un aumento en la superficie mínima de las subdivisiones a dos hectáreas, así como un límite de lotes por proyecto.
En tanto, el Ministerio de Vivienda, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano (DDU), ha estado trabajando en propuestas para modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones para abordar la situación de las parcelas propiamente tal.
Finalmente, hay cuatro proyectos en tramitación en el Congreso, aunque por ahora ninguno se ha desmarcado por encima de los otros.
Los asesores del Gobierno han señalado ante los parlamentarios que una de las grandes preocupaciones de las autoridades es que la mayoría de los terrenos ya subdivididos aún no cuentan con una vivienda construida, por lo que los riesgos ambientales podrían verse incrementados en los próximos años.
La semana pasada, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) también entró al debate y anunció que fiscalizaría siete proyectos en la Región de Aysén que podrían haber eludido su evaluación de impacto.
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