“Yo no defiendo a las empresas. Defiendo los puestos de trabajo. Hay cosas que uno tiene que conversar. Fue una reunión tan abierta como las que hemos tenido siempre. Nosotros hablamos con nuestro gerente, y solo se hablaron cosas generales, nada en específico de la ley”, opina Waldemar Lobos, secretario del sindicato de salmones de Blumar, de Talcahuano, y director de Fetrasalmon, que reúne a sindicatos de VIII a Punta Arenas, al referirse a la bullada reunión ocurrida en casa de Pablo Zalaquett con empresarios de la industria del salmón, fuera de la plataforma de la ley del lobby.
Una reunión que dio pie a un fuerte cuestionamiento por parte de parlamentarios, y explicaciones de parte de los ministros, quienes aludieron a que la conversación versó de una mirada de largo plazo y que la visión del Gobierno es que la industria tenga menor presencia en áreas protegidas y con cambios profundos. El ministro Nicolás Grau mencionó -en el marco de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados-, de seis audiencias por ley de lobby con la industria, mientras la ministra Maisa Rojas, siete con gremios y cuatro con sindicatos.
Datos públicos revisados por DF muestran que solo en el segundo semestre de 2023 la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas ha recibido ocho audiencias. La subsecretaría de Fuerzas Armadas -como administradora del territorio marítimo-, anota en el mismo período unas 28 reuniones relacionadas con la industria acuícola. En estos encuentros hay patrones comunes: ley lafkenche, ordenamiento territorial, otorgamiento de certezas en el modelo ambiental, regulación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), relocalizaciones, se lee en los diversos documentos.
Los nudos
Los “aprietes de cinturón” que están en la palestra en esta historia son: concesiones entregadas hace 35 años; un virus ISA que hizo que hace más de una década se optara por las relocalizaciones como alternativa sanitaria y, entre medio, se fueron superponiendo regulaciones. Entre ellas, áreas protegidas y la ley Lafkenche.
Datos duros de este conflicto: con todas sus concesiones, la industria ocupa en Chile una superficie de 14.911 hectáreas -equivalentes a 0,14% del mar interior-, mientras hay un 60,14% del territorio entre la X y la XII que figuran como área protegida en territorio marítimo (entre parque y reserva). Allí se superponen concesiones, unas 450 calculan en la industria, más allá de que estos procesos incluyen estudio cartográfico; ingresar al SEA y obtener una RCA, y luego recibir la autorización de la subsecretaría de Fuerzas Armadas. En paralelo, por los Espacios Costeros Marinos para los Pueblos Originarios (ECMPO) -más conocido como ley lafkenche-, se han solicitado 1,75 millón en la X Región; 1,1 millón en la XI y 600 mil hectáreas en la XII.
Con este telón de fondo, la industria espera con ansia el proyecto. “Nada puede ser tan malo como lo que tenemos hoy”, dice un gerente de una compañía, mientras otro agrega que en un gobierno de signo de izquierda se podrían llegar a mejores acuerdos, homologando lo que pasó con Codelco-SQM, que hubiera sido imposible en un gobierno de derecha.
Al interior del Ejecutivo, el timming que se maneja con realismo para el envío del proyecto es la primera parte de 2025, pues durante este año primero tendrán que venir los procesos participativos, en un cronograma tentativo más o menos hasta agosto, que serán registrados en lo que corresponde a las reuniones con la industria. Para ello, planean un convenio con alguna universidad de la zona sur austral, homologando lo que hicieron para el proyecto de pesca extractiva.
Y luego vendrá propiamente la elaboración del proyecto, por lo que -afirman fuentes del Ejecutivo- probablemente la iniciativa esté en condiciones de ingresar durante el primer semestre de 2025. ¿Los ejes? Hacerse cargo de la legitimidad social que le falta a la industria y corregir sus externalidades, como la producción en fiordos. “La industria todavía está en una zona de confort de producir en fiordos”, precisa una fuente del Ejecutivo, por lo que parte de la estrategia sería dar impulso (premio-castigo) a otras tecnologías: producir off shore, en circuito cerrado en tierra o en circuito cerrado en agua.
Los salmoneros -dice un actor-, celebran algo: que el Gobierno haya separado su legislación de la de pesca extractiva.
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