Finalmente Nova Austral no logró que sus acreedores aprobaran el acuerdo de reestructuración que había propuesto y solicitó su reorganización judicial al Juzgado de Letras y Garantías de Porvenir.
La salmonera controlada por capitales noruegos comunicó este miércoles a la Bolsa de Oslo la decisión. “Con el fin de que la compañía continúe con sus operaciones mientras cumpla sus compromisos (...) la compañía, en conjunto con su asesores, continuará trabajando con sus acreedores con la intención de encontrar una propuesta de reorganización que pueda obtener el apoyo necesario”, escribió Nicolás Larco, gerente general de la salmonera.
En los documentos presentados a la justicia chilena, Nova Austral informó que sus deudas alcanzan los US$ 559,7 millones. De esa cifra, US$ 484,6 millones corresponden a las obligaciones con sus acreedores financieros.
El más grande de estos últimos es Nordic Trustee, institución europea que representa a los tenedores de bonos y actúa como agente de garantía. Las deudas de Nova Austral con esta firma ascienden a US$ 415 millones.
Las causas
Nova Austral viene cargando con una larga lista de infracciones y juicios que la tenían contra las cuerdas. La mayoría de ellos vienen de la época de la anterior administración que tenía a Nicos Nicolaides como gerente general, hoy formalizado por reportar información falsa de la compañía.
Así, el golpe de gracia llegó a mediados de 2022, cuando la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), en un fallo sin precedentes, revocó los permisos de tres concesiones de la empresa.
En su solicitud de reorganización, Nova Austral atribuyó la crisis a las múltiples sanciones en su contra. En primer lugar, se refirió a un “endurecimiento del estándar fiscalizador” que aplicó castigos inéditos a la compañía.
“En efecto, la SMA revocó permisos ambientales de centros de engorda salmónidos de Nova Austral muy relevantes para su operación, mientras que Sernapesca aplicó duras sanciones que limitaron las cosechas de otros de sus centros. Se suma a lo anterior, la retención por parte de la justicia de recursos por gratificaciones correspondientes a la Ley Navarino, que superan los $7 mil millones”, dice el escrito.
Asimismo, alegó que hay una falta de reconocimiento de las mejoras operacionales que la compañía ha tenido con su nueva administración, dirigida por el exCencosud, Nicolás Larco.
“Desde hace cuatro años que Nova Austral cuenta con una administración totalmente renovada, que se ha preocupado de corregir procesos y reforzar controles internos para elevar al máximo sus estándares éticos y de cumplimiento, con acciones que incluyen la creación de una gerencia de compliance normativo como también la implementación de un canal de denuncias gestionado por una entidad independiente”, reclamó la empresa a la justicia.
Finalmente, también señaló que existió una invalidación de autorizaciones para relocalizar los centros de cultivo y que la pandemia y sus consecuencias económicas presionaron aún más la condición de la firma.
La crisis social
La salmonera es el principal empleador de Tierra del Fuego, por lo que su situación, en los últimos meses, ha desencadenado movilizaciones en Porvenir. Según dijo Nova Austral en su presentación a la justicia, de ella dependen cerca de 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Las manifestaciones llegaron a tal punto que, cuando fue a votar a Magallanes en las últimas elecciones, el propio Presidente Gabriel Boric se reunió con los sindicatos de la empresa.
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