A pesar de los intentos por acelerar la discusión, el proyecto de protección de los glaciares sigue un lento paso en la comisión de Minería y Energía del Senado. Tras poco más de dos semanas desde la última sesión, la instancia retomó la discusión en torno al artículo quinto que hace referencia a las actividades prohibidas.
Si bien la propuesta original contemplaba la prohibición de desarrollar todo tipo de actividades en glaciares salvo algunas excepciones, los senadores acordaron en su último encuentro -y ratificaron ayer en la comisión- ampliar dichas excepciones al turismo o actividades deportivas sustentables, prevención de riesgos a la población en la medida que ello sea estrictamente necesario de conformidad a antecedentes científicos, aquellas propias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, y las necesarias para la protección de su condición natural, balance de masa y funciones ecosistémicas, que se ejecuten en el ejercicio de funciones públicas.
Este último punto se incorporó para dilucidar si hay algún tipo de contradicción con la labor de Conaf, que sigue siendo una corporación de derecho privado pero que tiene potestates públicas.
Pero también definieron una mayor restricción, o una suerte de garantía, para que estas excepciones se ejecuten adecuadamente, ya que se incorporó un inciso en que se faculta a la Dirección General de Aguas (DGA) a elaborar un reglamento que determine los requisitos para autorizar dichas actividades.
En la redacción antes acordada, la DGA solo debía elaborar un reglamento para autorizar actividades de turismo o deporte sustentable y de gestión de riesgo sobre glaciares.
La discusión de dejar las actividades de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad determinadas al reglamento concentró el debate. “No es que, si uno establece un reglamento, estemos coartando sus funciones. No me gustaría que se entendiera que ellos tendrán la posibilidad de dinamitar glaciares para abrir caminos”, sostuvo la senadora Yasna Provoste.
Mientras, el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, coincidió y agregó que el reglamento puede además, si es que hubiera méritos para hacerlo, “habilitar actividades destinadas a la protección de la condición natural, etc, que no sean necesariamente ejercidas como función pública”.
Fuentes comentaron que la redacción en cuanto al reglamento es genérica y no especifica entre una actividad u otra. Así, al momento de un eventual control de legalidad en la Contraloría, podría requerir ajustes.
En la cita se comenzó a discutir una indicación de los senadores opositores que establece que actividades que se desarrollen en el ambiente periglaciar deberán someterse a evaluación de impacto ambiental y que, si durante la ejecución del proyecto se constatara la ocurrencia de impactos sobre el glaciar, se paralizarán las faenas.
Al respecto, Jobet reconoció que “es contraria a la lógica del SEIA que es identificar cuáles de los impactos son significativos”. “El tema de la presunción me genera duda y sobre todo que no va a poder obtener una calificación si es que genera un impacto sin que califiquemos ese impacto como significativo”, dijo.
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