Subus tomó la decisión de presentar cinco querellas en contra de médicos acusados de emitir licencias falsas. Sin embargo, esta semana la empresa -que opera en el sistema de transportes público de Santiago- sumará otras dos demandas más, después de detectar que varios colaboradores de su base siguen haciendo uso de este recurso de manera “maliciosa”.
La ex superintendenta de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), Soledad Ramírez, tomó la representación de la compañía en estos temas, luego de que Subus se diera cuenta de que existía presencia de licencias sospechosas. ¿Qué analizaron? un alto número de solicitudes con extensos períodos, profesionales que entregaron justificativos sin contar con la especialidad y, particularmente, dice el escrito presentado por la abogada: documentos otorgados por médicos arrestados, como es el caso de Samir Rivaldo, profesional de origen colombiano acusado en 2022 por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de emitir 16.000 licencias fraudulentas y que está ahora en prisión preventiva.
“Pese a que hay médicos imputados siguen operando, cualquier persona puede enviar un WhatsApp y consigue en minutos comprar una licencia falsa. Si uno mira el impacto, gran parte del costo de las Isapres está involucrado en el pago de licencias médicas sin distinguir si son reales o no. Y para Fonasa es la misma situación ya que recibe mayor número y tiene una limitada capacidad para fiscalizar”, explicó la ex autoridad.
Los nudos del conflicto
Esta es la primera vez que una empresa demanda a un médico por emitir licencias falsas. Subus, es una de las siete compañías que funciona en el sistema de transportes público de Santiago, industria que después de la pandemia sufrió una severa crisis por la ausencia de choferes en el mercado.
Según el gerente de asuntos públicos de Subus, Julio Toyos, la compañía se sumó a esta acción, porque “nos perjudican a todos de distintas formas. A nosotros como empresa operadora, en la planificación de la operación, la que considera más de 9 mil expediciones diarias, y toda la logística que esos volúmenes de viajes conllevan”.
En una de las demandas presentada en contra de Samir Rivaldo, la compañía explicó que apartir de 2020 el médico otorgó al menos 122 licencias a sus colaboradores, por ende, se pidió al Tribunal no sólo querella contra el profesional, sino que contra “todos quienes resulten responsables, ya sea en calidad de autores, cómplices y/o encubridores, por hechos constitutivos de los delitos de falsedad en el otorgamiento de certificados, permisos o estados de salud en falsificación de estos o en uso maliciosos de ellos”.
Entre las solicitudes, el escrito de Subus pidió citar a prestar declaración a los trabajadores de la empresa sobre el "tenor de los hechos denunciados" y entregó una lista con 11 colaboradores. "Es importante entender la participación de las personas que compran licencias porque son parte del fraude. Hasta ahora, hemos visto que la carga va hacia los médicos, pero las empresas se ven afectadas porque no se cierra el círculo del delito. Hay un daño económico al sistema de salud que se hace a través del engaño al empleador", manifestó Ramírez.
Además, Subus solicitó oficiar a los operadores de licencias médicas electrónicas Medipass e Imed, para que informen sobre el proceso de emisión de licencias, el funcionamiento de la plataforma electrónica de emisión, los requisitos que deben cumplir los médicos para utiliza el sistema, el control que se efectúa sobre los documentos emitidos, las medidas que se toman cuando un médico es sancionado y si se suspende su facultad de emisión de licencias médicas.
Otra arista es que se pidió que declaren las empresas Cruz Blanca, Nueva Masvida, Consalud, Banmédica, Isapre Fundación Banco Estado, Ferrosalud y a Fonasa para que indiquen cantidad de licencias emitidas por los médicos, los reembolsos de prestaciones médicas y la cantidad de licencias médicas pagadas (aprobadas), rechazadas, ratificaciones Compin y monto asociado al pago. Todo esto en el período que va entre enero de 2018 a la fecha de presentación de las acciones penales.
Y, por último, se pidió que el tribunal oficie a la Policía de Investigaciones (PDI), específicamente a la sección extranjería, para que indiquen las entradas y salidas de los médicos acusados para poder cotejar si existen licencias médicas emitidas en los periodos que el profesional se encontraba fuera de Chile.
En el marco de este problema, Subus también ingresó 10 denuncias administrativas contra los médicos que han otorgado licencias médicas en la Suseso.
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