En Barrick no están dispuestos a “tirar la esponja”. A los avances que ha tenido la compañía canadiense en su trabajo por resucitar, de manera modular, Pascua-Lama, ahora se suman las conversaciones con las autoridades chilenas para evitar la revocación del permiso para la ejecución de Cerro Casale, mega proyecto de oro, plata y cobre que se emplazaría en la Región de Atacama.
La iniciativa -en donde Barrick posee el 75% y Kinross 25%- fue aprobada en enero de 2013 y la inversión calculada era de US$ 5.200 millones, aunque las últimas estimaciones lo fijaban en US$ 6.000 millones.
Por el alto costo de inversión que alcanzó la iniciativa, sumado al derrumbe en los precios de las materias primas, Barrick decidió enfocarse en optimizar el proyecto, pero, en paralelo, busca que el permiso obtenido “siga vivo”.
Es por eso que a fines de octubre el representante de Cerro Casale, José Lucero, se reunió con profesionales del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para solicitar “la acreditación de inicio de ejecución del proyecto Cerro Casale”, según consigna la plataforma del lobby.
La legislación establece que para iniciativas aprobadas entre 2010 y el 24 de diciembre de 2013, los titulares deben entregar al SEA los antecedentes necesarios para acreditar las “gestiones, actos o faenas mínimas” realizadas de manera sistemática, ininterrumpida y permanente que permitan constatar el inicio de la ejecución de dicha iniciativa.
El objetivo principal de esta medida es que los proyectos aprobados ambientalmente sean ejecutados en condiciones similares a aquellas que se tuvieron a la vista durante la evaluación. Además, la medida pretende evitar la especulación de proyectos, impulsando la ejecución de las iniciativas tramitadas.
Conocedores del proceso indican que este trámite debe ser leído como la intención de la minera por sacar adelante el proyecto, siempre y cuando el proceso de optimización sea declarado exitoso y, también, se despejen otras dudas como exigencias adicionales que agregó el Comité de Ministros y que fue rebatido por la firma ante tribunales ambientales.
Consultados por estas negociaciones con la autoridad, desde Barrick indicaron que “la solicitud de inicio de ejecución el Proyecto ‘Optimización Proyecto Minero Cerro Casale’ se enmarca dentro del proceso de evaluación y optimización del proyecto en cumplimiento de las exigencias legales y reglamentarias de la normativa ambiental chilena”.
Tribunal ambiental
Para fines de noviembre o comienzos de diciembre se espera que se conozca el fallo del tribunal ambiental de Santiago ante la reclamación que ingresó Casale por las altas exigencias que le impuso el Comité de Ministros al proyecto para su operación.
La instancia, presidida por el ministro Pablo Badenier, señaló en enero del año pasado que la faena debía reconocer la significancia del impacto asociado al “descenso de niveles de agua subterránea en la zona limítrofe de las cuencas hidrográficas de Piedra Pómez y Río Lamas”. Por esto, se impusieron cuotas menores de uso del agua.
Desde la industria indican que, de corroborarse en la justicia esta solicitud, complicaría la viabilidad de la mina.
En la presentación ante el tribunal ambiental, la empresa indica que el Comité de Ministros impuso “una grave exigencia para la ejecución de su proyecto, consistente en una limitación del volumen de explotación del acuífero en el que posee sus derechos de agua”.
“Estableciendo además la obligación de actualizar el modelo hidrogeológico, de ajustar el plan de alerta temprana, de ajustar la regla de operación, y de diversificar la matriz de abastecimiento de agua”, añaden.
365 proyectos acreditan inicio de obras ante el SEA
Para evitar que sus proyectos sean caducados cuando pasen cinco años desde que se obtuvieron los permisos y no esté en funcionamiento, cientos de titulares de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) se han acercado a la autoridad para acreditar la "gestión" que demuestre que sí desarrollan la iniciativa.
De acuerdo a cifras publicadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), a octubre se presentaron 549 solicitudes de acreditación de las faenas mínimas que permiten constatar el inicio de la ejecución de la obra.
De ese total, el SEA ha elaborado 482 informes y, de ellos, 365 corresponden a titulares que sí han acreditado el inicio de faenas.
Los proyectos a los que se le caducó la RCA por este motivo suman 61, con una inversión no realizada de US$ 2.846 millones. El sector minero y energético son los de mayor participación en los montos involucrados en estos proyectos abortados.
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