El presidente del directorio de Codelco, Juan Benavides, junto al presidente del Comité de Auditoría de la empresa, Blas Tomic, respondieron duramente a los dichos del ministro de Minería, Baldo Prokurica quien señaló que Codelco había demandado a Contraloría General de la República "para no ser fiscalizados".
Esto, a pocas horas de la inauguración del emblemático proyecto de Chuquicamata Subterránea a la que asistirá el Presidente de la República junto a Prokurica y donde estará también todo el directorio de Codelco.
A través de una carta a El Mercurio, Benavides y Tomic respondieron a los dichos, señalando que los dichos del secretario de Estado eran "de la mayor gravedad", ya que "en primer lugar, porque está equivocado; en segundo lugar, porque perjudica injustamente el enorme esfuerzo y avance en materia de transparencia y probidad que está teniendo lugar en Codelco desde hace algunos años a esa parte, y tercero, porque la afirmación del señor ministro será utilizada por quienes buscan impedir que Codelco, manteniendo su carácter estatal, se administre de acuerdo a los criterios modernos de gestión de empresas".
Los ejecutivos destacaron que si bien es efectivo que Codelco tiene un litigio con la Contraloría, "no se trata de impedir que la empresa sea fiscalizada, sino de que las fiscalizaciones que se realicen se funden en las leyes específicamente aplicables a Codelco y no las que corresponden a los servicios públicos sujetos a la Ley General de Bases de la Administración del Estado. Si finalmente prevaleciera la idea de que Codelco es un servicio público, se haría imposible obtener de ella los estándares de productividad y competitividad que el país espera de la estatal".
A su vez, Benavides y Tomic agregaron que "en los últimos 18 meses, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que el mismo ministro preside y que es por ley el órgano externo fiscalizador de Codelco, ha realizado más de 60 fiscalizaciones (...) sin que exista hoy ningún requerimiento pendiente por nuestra parte".
"El tema de fondo no es otro que la necesidad de reafirmar la opción que por amplio consenso tomó el mundo político en 2009 cuando se dictó la nueva ley que regula el gobierno corporativo de Codelco. Abandonar este camino ahora sería simplemente incomprensible", concluye la misiva.
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