La negociación colectiva que en las próximas semanas debería iniciar Codelco con los sindicatos de operarios (Rol B) de Chuquicamata se vislumbra como una de las más complejas que la estatal haya desarrollado jamás.
El desafío no es solo enfrentarse a la división más numerosa -con una dotación de 5.371 personas-, ni tampoco es que la empresa esté en “economía de guerra”, por la estrecha situación financiera y sin inyección de recursos frescos, y esté obligada a mantenerse firme y replicar la oferta de los últimos procesos: sin reajuste y un bono de término de conflicto de $ 2,5 millones.
En el caso de Chuquicamata esta cifra representa una pequeña fracción de los casi $ 20 millones que pagó en 2012 cuando renovó el convenio colectivo vigente, que expira a fines de febrero del próximo año.
Lo realmente difícil, reconocen al interior de la estatal y a nivel sindical, será revisar el conjunto de beneficios que los trabajadores de esta división reciben hace décadas, los que según cifras de la estatal a las que este medio accedió, le cuestan a Codelco anualmente nada menos que US$ 500 millones.
Este monto es similar a los ahorros por US$ 547 millones que la corporación informó en 2015 por mejoras en productividad y eficiencia en el marco de su plan de costos.
Consultados en Codelco, indicaron que “las negociaciones colectivas son procesos reservados, por lo que preferimos no hacer comentarios al respecto”.
Prestaciones en la mira
Conocedores de los distintos convenios laborales de Codelco coinciden en que los beneficios de los trabajadores de Chuquicamata son más y mejores que los de las otras divisiones, algunos porque fueron pactados antes de la nacionalización. En otros casos, se entregaron a modo de compensación por el fin del campamento de la mina y el traslado a Calama o bien en época de altos precios del cobre, cuando lo importante era mantener la producción independiente del costo.
A junio, Chuquicamata se ubicó como la tercera operación en términos productivos y de costo, con 149 mil toneladas, un 14% más respecto del año anterior, y US$ 1,28 por libra, cerca del promedio de la corporación. La faena que lideró en ambos ítem fue El Teniente.
Al revisar el convenio vigente de tres de los cinco sindicatos de la faena figuran prestaciones que llaman la atención, como salud gratuita para operarios, cónyuges, sus cargas e incluso sus convivientes, lo que considerando medicamentos y otros artículos como lentes y prótesis, representan un costo anual de 24 UF por trabajador, unos $ 630 mil.
Si la especialidad médica no está disponible en el Hospital del Cobre, se financia la interconsulta y se costea a un acompañante, con alojamiento en hoteles de primera categoría, lo que en 2015 demandó US$ 12 millones.
Comida, casa y techo
La estatal entrega a cada operario distintos bonos relacionados con servicios y gastos básicos, como $ 260 mil mensuales por derecho habitacional; del orden de $ 1 millón al año para el abastecimiento de supermercado y tienda, así como asignaciones para consumos domiciliarios de agua (30 m3), gas licuado (45 y 15 kg para casados y solteros respectivamente), y electricidad (95 y 50 KWh según sea el caso).
Al tiempo que los hijos de los trabajadores tienen prioridad en el reclutamiento y reciben becas universitarias de $ 2,6 millones al año (más pasajes aéreos). En caso de retiro de la empresa, la división cubre todos los gastos de traslado, lo mismo que el costo total del funeral en caso de muerte del trabajador.
El personal con contrato a partir de 2010 no recibe todos los beneficios, aunque sí la mayor parte, y tienen un periodo de vacaciones menor a los 25 días hábiles de los más antiguos.
El costo laboral promedio anual por operario es de US$ 119 mil.
En distintas instancias el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, ha señalado que este nivel de prestaciones está fuera de mercado y es incompatible con la viabilidad futura de Chuquicamata, que está en pleno proceso de transición hacia la explotación subterránea.
Ahora, en términos prácticos la racionalización de beneficios tampoco será fácil porque estos están distribuidos en los 28 anexos y las 353 actas complementarias que contienen los dos convenios colectivos vigentes.
Espectacular recinto abandonado
Fue una de las compensaciones por el traslado a Calama del campamento de Chuquicamata, pero a más de cuatro años del término de las obras, las espectaculares dependencias del centro deportivo y recreacional (en la foto abajo) que la estatal construyó para sus trabajadores Rol B permanecen abandonadas.
¿La razón? Los sindicatos no están dispuestos a hacerse cargo del recinto que en once hectáreas cuenta con un edificio, club house de 2.680 m2, gimnasio techado, canchas de fútbol de pasto sintético y tierra, canchas de tenis, multicanchas exteriores, gimnasio de musculación equipado, piscina, pileta infantil, circuito de jogging, pérgolas, quinchos grupales y familiares, juegos infantiles, circulaciones y estacionamientos, además de obras de paisajismo y arborización.
En 2015, pero sin éxito, se retomaron las negociaciones en las que los sindicatos esperaban lograr que la estatal cubriera al menos una parte de la mantención, algo que en el escenario actual no parece factible, pues la firma ya desembolsa anualmente $ 248 millones en el camping que los trabajadores tienen en Mejillones.
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