Un nuevo hito se cumplió ayer en la disputa judicial que mantienen Codelco y la Contraloría General de la República. La defensa de la cuprífera presentó ante el 25 juzgado civil de Santiago la réplica a la contestación del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
En el documento, los abogados de la estatal rebatieron uno a uno los argumentos esgrimidos por el CDE, organismo que representa a la Contraloría en el litigio al no contar el ente fiscalizador con personalidad jurídica.
El eje principal de la contestación de la minera se basa en que la tesis fiscal apunta a derogar el estatuto de Codelco, sin respetar lo que significó la instauración de su Ley de Gobiernos Corporativos, aprobada en año 2009, que le otorga un marco regulatorio específico.
En cuanto a la aplicación de la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, a la que apela el CDE, la defensa de la cuprífera apunta a que en este caso prima la ley especial de Codelco, ya que este criterio ha sido respaldado por el propio Congreso, en la ley de compras y en la de probidad.
Además, se hace alusión a que en la presentación elaborada por el CDE se omiten los pronunciamientos realizados anteriormente por el propio organismo que lidera Jorge Bermúdez, que en 2005 y 2012 validó el accionar de la minera estatal.
Dentro de la réplica, y tal como ha sido detallado con anterioridad por la corporación, se explica que no se cometió una irregularidad al incluir entre la documentación de la demanda el informe reservado 900 de la Contraloría, ya que éste resultaba clave para elaborar su defensa.
Según resume un cercano a Codelco “lo que está haciendo el Consejo es el mismo error de la Contraloría, confundir entre el estatuto de una empresa pública y el de un servicio público”.
Asimismo, fuentes advierten que a fines de la década del ‘90, el CDE perdió un juicio similar al no reconocer el estatuto de Sociedad Anónima que rige a Televisión Nacional de Chile.
Desenlace en la Corte Suprema
En lo inmediato, el Consejo de Defensa del Estado cuenta con seis días para presentar una dúplica en la que puede responder a los argumentos expuestos en esta oportunidad por Codelco.
Luego de eso los jueces podrían fijar un período probatorio, aunque podrían prescindir de él, considerando que el diferendo radica en una interpretación jurídica.
De todos modos, entre las pruebas que la minera podría presentar figuran el perjuicio económico derivado de esta disputa y que, según informó en su momento a la Superintendencia de Valores y Seguros, asciende a unos US$ 100 millones.
Se estima que el proceso en tribunales civiles podría extenderse al menos dos años, plazo menor frente a los cinco años que se estimó en su momento. No obstante, todo parece indicar que la definición llegará a la Corte Suprema, lo que extendería el proceso.
Esto fue confirmado ayer por la presidenta del CDE ante la comisión investigadora de este tema, donde dijo que acudirán al máximo tribunal de no lograr un fallo favorable (ver nota relacionada).
Producción de AMSA subió 4,5%
A 526 mil toneladas de cobre fino llegó la producción del brazo minero del grupo Luksic, Antofagasta Minerals, al tercer trimestre, un alza de 4,5% respecto al mismo periodo el año anterior.
El aumento se debe principalmente a un mejor desempeño de Antucoya, faena que elevó su producción en 28%, para alcanzar las 59 mil toneladas, seguido de Centinela que también creció en 10% y aportó 177 mil toneladas. Zaldívar tuvo una producción atribuible de 38 mil toneladas, similar al año anterior. Sin embargo, el principal yacimiento del grupo, Los Pelambres, vio caer su producción 3,2%, logrando 251 mil toneladas, lo que estaba considerado dentro del plan minero.
"Tuvimos otro trimestre con mejoras en la producción. Los costos unitarios se han mantenido relativamente planos, a pesar de presiones al alza en los costos, con una mayor producción en Centinela y Antucoya, todo mientras mantenemos nuestro enfoque en mejorar la eficiencia", comentó el presidente ejecutivo de Antofagasta plc, Iván Arriagada.
Estudian antecedentes en busca de posibles delitos, pero descartan paralizar contratos vigentes
La presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, asistió ayer a la comisión investigadora de Codelco, luego de tomar la representación de Contraloría en el diferendo que esta mantiene con Codelco.
En su exposición, comentó que el organismo está estudiando los antecedentes del caso y los contratos auditados en el informe 900, para identificar si existen hechos constitutivos de delito que ameriten la presentación de querellas. Por ejemplo, dijo, analizarán si los montos desembolsados corresponden a los precios que ofrece la competencia.
"No tenemos claro que haya hechos que revistan delitos, ya que por ejemplo, no están prohibidos los contratos relacionados, sólo que bajo ciertas condiciones", aseguró.
Respecto al cuerpo de la defensa de la Contraloría, Manaud comentó que el organismo sólo remitió los antecedentes y descartó su influencia en los argumentos entregados a los tribunales. "El dueño de Codelco es el Estado. No se puede asimilar por completo a una sociedad anónima, porque los recursos son públicos", comentó.
En ese escenario, clarificó que este juicio se trata sólo de la interpretación de una ley, y recordó que el CDE ya ha participado en procesos similares contra otras empresas públicas como EFE, o BancoEstado, en los que la justicia les dio la razón.
Por último, la presidenta del CDE descartó de plano que tengan previsto pedir la paralización de contratos de la minera que ya están en vigencia, "porque generaríamos un daño tremendo al país", precisó.
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