Duros cuestionamientos marcaron la comisión investigadora de la Cámara por el acuerdo entre Corfo y SQM sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama realizada ayer.
El protagonista fue el gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, quien comenzó su defensa tras las preguntas de los parlamentarios, señalando que, si bien no tenía obligación de asistir a la instancia, fue para “dar la cara”.
“Nosotros cumplimos el contrato. No es cierto que pagamos de menos”, dijo el ejecutivo.
Uno de los aspectos más cuestionados en la cita fue en torno a la figura de Julio Ponce Lerou, accionista principal de SQM.
Esto, por su reaparición en la Bolsa de Nueva York después de la polémica que se generó por el rol como asesor de la empresa que asumiría, pero que luego quedó en nada.
La actividad se enmarcó en el Investor Day de la compañía. Fueron menos de 20 segundos los que duró el toque de la campanilla que dió cuenta del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York (NYSE). El momento marcó la reaparición pública de Julio Ponce Lerou.
Al respecto, de Solminihac descartó que la empresa haya asumido los costos del viaje del ejecutivo, pero fue rápidamente cuestionado más tarde por uno de los parlamentarios que apuntó directamente a si le parecía una buena acción lo sucedido.
“Primero, no le estoy mintiendo (...). No lo he hecho en el pasado y no lo voy a hacer ahora y no tengo por qué hacerlo tampoco. Me siento muy tranquilo (...). El señor Ponce no es un accionista cualquiera y usted tiene razón”, señaló el gerente general.
En esa línea, reconoció: “Usted me dice que hubiese sido mejor que no hubiese estado, sí, hubiese sido mejor que no hubiese estado”.
Además, aclaró que “no he tenido ninguna relación con el señor Ponce” y que en los últimos años solo se han reunido unas pocas veces.
Sobre las razones para escoger al extimonel de la CPC, Alberto Salas, como presidente de SQM, de Solminihac se limitó a comentar que “el tema de Alberto Salas fue un acuerdo entre el grupo Pampa y Corfo” y que “no tengo conocimiento”.
Consultado por su renuncia a la gerencia general de SQM, empresa que dejará el próximo 31 de diciembre tras una trayectoria de más de 30 años en la minera, el ejecutivo señaló que se debe a motivos personales como estar más tiempo con su familia.
El 6 de junio pasado se aprobó la creación de la comisión investigadora, que fue solicitada con 68 firmas de respaldo y se aprobó con 94 votos a favor.
La instancia establece que recabará antecedentes sobre los actos de los gobiernos en relación con el origen, la adopción y la ejecución del citado acuerdo, particularmente en lo referente al rol de Julio Ponce Lerou en la empresa SQM, a la concentración del mercado mundial del litio, al daño ambiental del Salar y al royalty minero.
Declaran admisible recurso para frenar acuerdo con Corfo
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible un recurso presentado por diputadas del Frente Amplio para intentar impugnar el acuerdo entre Corfo y SQM para la explotación del litio en el salar de Atacama.
Las congresistas Claudia Mix, Camila Rojas y Gael Yeomans interpusieron el pasado 6 de septiembre un recurso de Nulidad de Derecho Público contra el contrato firmado en enero del año pasado, el que triplica la cuota de extracción y obliga a la compañía a invertir cerca de US$ 1.000 millones.
El 14 de este mes, la corte admitió a trámite la acción, que señala: "Corfo, aunque sea un ente de la Administración del Estado, no tiene facultades para conceder derechos de explotación sobre el litio, en ninguna de sus formas, facultades que solo posee el Presidente de la República, por lo que la acción constitucional de nulidad de derecho público se impone en virtud que los órganos y servicios del Estado, sólo pueden realizar aquellos actos que la Constitución y la Ley les facultan expresamente".
Según el escrito presentado a la justicia, "el contrato entre Corfo y SQM Salar, SQM Potasio y SQM, debe ser declarado nulo de derecho público por los tribunales de justicia", junto a lo cual se señaló que " el Salar de Atacama es propiedad del Estado de Chile, desde el término de la Guerra del Pacífico, y que desde 1979 el litio quedó por ley reservado al Estado, y desde 1983, no concesible, todos los chilenos tenemos un interés real y legitimidad para demandar la nulidad de derecho público de dicho contrato".
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