La industria minera planteó este jueves sus dudas frente al proyecto de ley sobre protección de glaciares impulsado por los senadores Guido Girardi, Isabel Allende y Ximena Órdenes. Su avance en la tramitación encendió la alerta en los últimos días y fue el propio ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien aseguró que este articulado significaría que minas como El Teniente, Andina, Los Bronces y Los Pelambres tendrían que paralizar y despedir a 36 mil personas.
En el marco de la comisión de Minería y Energía del Senado, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, coincidió en la preocupación por resguardar los glaciares, pero aseguró no compartir la regulación mediante esta iniciativa.
"La inclusión del ambiente periglacial y el permafrost prácticamente prohíben la actividad minera en la cordillera, al sur de la Región de Atacama", indicó.
Y en ese contextó sacó al pizarrón una ley similar impulsada en Argencina en 2010. Según Hernández, "la exploración en alta cordillera se ha paralizado y la ley ha afectado el desarrollo de la minería. Las empresas tienen dificultades para hacer exploraciones y, ante la duda, se abstienen", graficó, añadiendo que además se han dado controversias legales entre el Gobierno Federal y las provincias mineras como San Juan.
El dirigente puntualizó que el proyecto que se tramita a nivel local está justamente "inspirado" en la ley argentina, sólo con algunas modificaciones. Por esto, planteó que el proyecto se debe limitar a proteger los glaciares.
Otro punto que abordó fue que se incluye un artículo transitorio que establece la retroactividad de ciertas normas. "Las ambigüedades que genera el proyecto de ley se van a reflejar en mayor judicialización e incremento de la incerteza jurídica", dijo.
En su turno, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, señaló que la minería no está en contra la protección de los glaciares. Y dijo que "el 83,5% de la superficie de estos en el país ya está bajo protección oficial del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado" y el 14% restante no se puede "llegar y destruir". Esto, porque la legislación establece la obligación de evaluar las iniciativas en el sistema ambiental.
También abordó el artículo que aborda la retroactividad y dijo que "no debiera ameritar mucho análisis, pero dado que el proyecto de ley en tramitación considera prohibiciones que podrían derivar en el cierre de operaciones mineras que fueron previamente autorizadas, hacemos ver este punto".
El debate en torno a la mesa técnica
Si bien el ministro de Minería anunció que se constituiría una mesa técnica para que se realice un informe con antecedentes que pueda servir como insumo a los senadores al momento de votar, en la sesión de hoy se generó un intenso debate por esta idea.
Esto, porque según la senadora Yasna Provoste, "el ministro dijo que esto fue un acuerdo de Sala y nunca fue así". Incluso, agregó que "hay una idea preconcebida de reemplazar el trabajo legislativo por otro espacio". Finalmente, se estableció la creación de una mesa técnica, pero de carácter no vinculante.
De acuerdo al actual cronograma de la comisión, el próximo 11 de agosto se tiene que evacuar este proyecto.
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