Un sorpresivo vuelco sufrió ayer el polémico proyecto minero-portuario Dominga, que tiene una inversión prevista de US$ 2.500 millones y que se emplazaría en la comuna de La Higuera, al norte de la Región de Coquimbo. La Tercera Sala de la Corte Suprema revirtió la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta de volver a evaluar la iniciativa en una instancia regional. En reemplazo, dijo que el caso debe volver a ser visto en esa instancia judicial, abordando el tema de fondo: la calidad ambiental de la iniciativa.
El fallo, que está contenido en una sentencia de casación y de reemplazo de 171 y 14 páginas respectivamente, fue interpretado como un golpe para la empresa, ya que lleva todo el proceso al lugar en el que estaba hace un año.
En el escrito, se cuestiona que el Tribunal Ambiental de Antofagasta se pronunciara solo sobre aspectos formales del proyecto y no los ambientales, que es lo que deberá ver ahora.
En el escrito detalla que "los vicios invalidantes del procedimiento de evaluación ambiental (...) no se configuran en los términos acusados por el titular del proyecto". Luego agregó que el Tribunal Ambiental deberá pronunciarse sobre aquellas materias que fueron omitidas, pese a que en el fallo original había afirmaciones que reflejaban un prejuzgamiento de materias claves que no fueron analizadas.
Un punto que puede marcar el futuro del proyecto fue la postura que entregó el ministro Ricardo Blanco, que en un voto de minoría fue crítico respecto de la línea base marina de la iniciativa, respaldando las afirmaciones de que sería "insuficiente". Incluso hace ver que Andes Iron debió incorporar efectos sinérgicos que generará el puerto Cruz Grande de CAP, que aunque no está operando, tiene permiso ambiental vigente. Su pronunciamiento ya fue leído como una señal explícita de inhabilidad para cuando el proceso regrese a la Suprema.
Según trascendió, si bien el titular del proyecto Andes Iron no esperaba este escenario, habría una lectura positiva, ya que se reducen las instancias políticas de evaluación. Esto, a pesar de que otros aseguran que la conformación del Tribunal Ambiental podría no ser del todo favorable para la empresa.
Consultado, el profesor de Derecho de los Recursos Naturales de la U. Católica, Winston Alburquenque, sostuvo que "en definitiva, no es bueno para el proyecto ya que le entrega toda la responsabilidad en cuanto al fondo al Tribunal Ambiental". Y agregó que "es negativo en cuanto aumenta la incertidumbre del proyecto ya que no se tiene certeza de los resultados definitivos del proceso judicial".
La lectura del fallo
Oficialmente Andes Iron mantuvo su optimismo. "Valoramos positivamente, tal como lo dispone la sentencia del máximo tribunal del país, que los tribunales ambientales deban pronunciarse sobre el fondo de los aspectos jurídicos ambientales del proyecto, pues tenemos plena confianza acerca del carácter completo de la evaluación ambiental que se hizo a Dominga", aseguró el presidente ejecutivo de la compañía minera, Iván Garrido.
El ejecutivo recordó que "el Servicio de Evaluación Ambiental, una vez culminado un riguroso proceso de evaluación ambiental, procedió a dictar el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), resolución que recomienda a la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, aprobar el proyecto Dominga, precisamente por cumplir rigurosamente con la normativa ambiental vigente en el país."
Y añadió: "Tenemos la convicción de que las características de este proyecto son plenamente compatibles con los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos la certeza de que podremos reafirmar ante los tribunales ambientales que el proyecto concilia el desarrollo minero con la protección del medio ambiente".
Las organizaciones ambientalistas que habían recurrido hasta el máximo tribunal celebraron la decisión, porque con esto Dominga se mantiene sin un permiso ambiental.
Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana, dijo que "la sentencia termina por sepultar el proyecto porque rechaza que el Comité de Ministros y la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo hayan incurrido en algún tipo de vicio formal, que es lo que esgrimía Dominga".
La organización Fima señaló que "el proyecto se mantiene rechazado, el juicio debe ventilarse nuevamente ante el Primer Tribunal Ambiental, y esta vez sí tiene que resolver de acuerdo a los antecedentes".
En tanto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, calificó como "decepcionante" el fallo. Agregó que "los inversionistas están viviendo una pesadilla", pues afecta la certeza jurídica.
En desarrollo...
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