La huelga en Minera Escondida sumó un nuevo frente de disputa entre el sindicato Nº 1 y la administración de la compañía, operada BHP Billiton.
Esta vez será en tribunales donde se verán las caras, luego que la agrupación reclamó ante la justicia los servicios mínimos que estableció la Dirección del Trabajo (DT) y que corresponden a tareas críticas que evitan el daño de infraestructura fundamental para la operación de la faena.
El dictamen fijó en 80 el número de operarios -divididos en grupos de 40 por turno- los que, pese a estar en huelga deben prestar estos servicios. Este número supera por mucho a los veinte que propuso el sindicato.
De hecho el domingo, y a través de un comunicado, la minera mostró su preocupación ante la constatación hecha por la autoridad que sólo 19 personas se presentaron a cumplir estas labores que apuntan a asegurar que los equipos no resulten dañados y puedan retomar su operación en régimen tras el término de la paralización.
“Esta circunstancia es de la mayor gravedad, puesto que la no realización de tales servicios, dada su criticidad, pone en grave riesgo tanto la seguridad de nuestros trabajadores como la integridad de los activos de la compañía”, señaló la empresa.
Expertos comentan que una inadecuada ejecución de estas faenas tendría consecuencias en la puesta en marcha de la mina cuando los trabajos se retomen (ver nota relacionada).
El sindicato discrepa de esta visión y asegura que los servicios mínimos no buscan evitar daño futuro a las instalaciones ni retrasos en la puesta en marcha.
En el recurso, que fue interpuesto el viernes ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta por el abogado Marcos López, “si el daño es reparable, sin perjuicio del costo, el tiempo o los recursos que ello implique o requiera, tal daño no faculta al empleador para exigir personal de emergencia”.
Basados en esta interpretación piden que se invalide la resolución de la DT y que el número máximo de trabajadores para ejecutar estas tareas se fije en veinte, que es el número que ellos consideran más que suficiente para asegurar las prestaciones mínimas.
“La ley no considera la protección del empleador frente al daño reparable, esto es, los equipos de emergencia no están destinados a evitar todo o cualquier daño a los bienes materiales de la empresa, sino que sólo aquellos que no pueden ser objeto de reparación”, explican.
En el documento solicitan además, que se deje sin efecto la resolución hasta que el juez se pronuncie sobre el fondo.
Cristián Aguayo, socio del estudio jurídico Aguayo, Ecclefield & Martínez, comenta que la actual legislación es poco clara respecto al cumplimiento de los servicios mínimos.
Explica que si bien la resolución debería mantenerse hasta que un tribunal la revoque, es una interpretación que puede ser discutida.
Sostiene que en los próximos días el tribunal debiera pronunciarse sobre la orden de no innovar.
De aceptar esta petición, el panorama sería muy desfavorable para la minera, ya que el tiempo mínimo para la resolución del fondo podría exceder el mes.
“Ellos (el sindicato) plantean esta solicitud, como de carácter de orden de no innovar, porque de ser acogida dejaría en un grave problema a la compañía, porque esperar la resolución de fondo, con todos los recursos posteriores, tardaría como mínimo tres meses”, opina el experto.
Normalización de la faena podría tardar semanas si no hacen mantenciones
La discusión sobre los servicios mínimos no es baladí. Desde la industria comentan que, de no hacerse de la manera adecuada, el regreso a la normalidad productiva de Escondida tardaría más de lo esperado, impactando al mercado del cobre.
Esto porque, al tiempo que dure la huelga -que el sindicato adelantó que podría extenderse al menos por dos meses- podrían sumarse algunas semanas si por la falta de mantención los equipos sufren daños que requieran reparaciones para volver a operarlos al 100% de su capacidad.
El director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, comenta que los servicios mínimos están asociados a varios procesos productivos, como puede ser la planta de electro lixiviación. Esto requiere mantenciones y supervisión, al igual que muchos otros procesos, añadió.
"Creo que tendría un impacto en la puesta en marcha de la mina. Lo primero que habría que hacer, si no han tenido una mantención adecuada, es evaluar el estado de los equipos y sistemas. Eso solamente puede requerir de varios días", precisó.
Agregó que "en caso se existir daños, el plazo puede aumentar, porque hay que iniciar las reparaciones y, en algunos casos, pedir repuestos al extranjero". Por eso, si no se están cumpliendo los servicios mínimos, hay un riesgo importante de que exista un retraso en la puesta en marcha de la mina.
Ejecutivos de la industria minera señalan que será fundamental para determinar cuánto tardará la normalización operativa de Escondida la duración de esta movilización y si se cumple o no el dictamen de la Dirección del Trabajo.
Eso sí, apuntan que para una faena como ésta que es la más grande del mundo en términos de producción, cuya producción es fundamentalmente de concentrados, es más fácil volver a la normalidad que para minas que producen cátodos, puesto que los hornos de las fundiciones pueden tardar semanas hasta llegar a la temperatura adecuada.
El caso de Spence
Spence, también propiedad de BHP Billiton, es un caso emblemático a nivel nacional de que la puesta ebn marcha tras una huelga puede ser compleja.
Esa paralización, que ocurrió en 2009 se extendió desde el 13 de octubre hasta el 24 de noviembre y, según señalaron en la compañía en ese momento, normalizar la operación tomaría ocho semanas, plazo que superó largamente los 20 días adicionales que estimaron al inicio de la movilización y esto respondió precisamente a que en ese período no hubo servicios mínimos lo que dañó equipos clave.
dt ofrece mediación de oficio
En un intento por llegar a una tregua y retomar el diálogo, la Dirección del Trabajo (DT) nuevamente entró al terreno de juego, ofreciéndole ayer a los trabajadores del sindicato N°1 y a la administración de minera Escondida de BHP Billiton una "mediación oficiosa", en medio de la huelga legal que comenzó el 9 de febrero.
Dicho proceso -que es distinto a la "mediación legal" que se realiza previamente a la votación de la movilización por solicitud de alguna de las partes involucradas en la negociación- corresponde a una facultad del organismo una vez comenzada la paralización.
De esta forma, se intentaría acercar posiciones para dar una solución al conflicto y evitar el impacto económico de la huelga. De conseguir el organismo un resultado positivo, las conversaciones podrían comenzar el miércoles, ya que hoy se realizarían cambios de turno. Sin embargo, fuentes del sindicato comentaron que se pronunciarán únicamente después de que la empresa lo haga.
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