Un perjuicio al Fisco por casi US$ 6,7 millones por multas ambientales impagas en los últimos seis años es lo que consignan los registros de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
Estas multas, que fueron efectuadas a titulares en el marco de diferentes procesos sancionatorios que identificaron incumplimientos en obligaciones de carácter ambiental, corresponden a castigos que aunque en algunos casos han enfrentado y finalizado procesos judiciales, aún no se ha materializado su pago completo en la Tesorería General de la República (TGR).
Según estadísticas de la SMA, desde 2013 hasta el 9 de mayo de este año se terminaron 187 procesos sancionatorios que involucraron multas sumando 68.290 Unidades Tributarias Anuales (UTA). De esos procesos, 109 están impagos, las que totalizan 7.732 UTA ($ 4.300 millones).
Por sector económico, la minería es el que concentra la mayor de las multas impagas con aproximadamente US$ 3,9 millones, seguido por Agroindustrias con US$ 1,1 millón. Además si se analizan las cifras por región, Arica y Parinacota tiene 58% del total de las multas impagas (US$ 3,9 millones).
En el listado, en relación a su monto adeudado, figuran como titulares de las unidades fiscalizadas tanto privados como reparticiones públicas.
El mayor registro corresponde a Minera Pampa Camarones, ubicada en la Región de Arica y Parinacota, con 4.313.3 UTA, unos US$ 3,7 millones. Esta es seis veces mayor a Criaderos Chile Mink, por su planta Rendering Chile Mink, en la región de O’Higgins, que adeuda 630 UTA (US$ 560 mil).
El tercer lugar lo ocupa la Municipalidad de Temuco, por el vertedero que hay en esa ciudad, con 320 UTA; y le sigue el Ministerio de Obras Públicas con el Embalse Ancoa, en el Maule, con 250 UTA.
En cuanto a los atrasos, todas las multas que se encuentran en los diez primeros lugares tienen al menos cinco años de antigüedad, llegando hasta los seis años para los casos de los titulares como Alimentos Finos Rila Chile Limitada.
Sin embargo, hay algunos titulares que están intentando remediar su situación. Según la Tesorería, Pampa Camarones, que ostenta el caso más emblemático, ya está realizando abonos. De hecho, según trascendió, tiene un convenio de pago que finaliza en 2020.
Embalse Ancoa está pagada, pero no se ha materializado la cancelación ante la SMA. Esto último también ocurre con Frutera San Fernando, con su unidad Riles Frusan Freire, que certificó el pago de poco más de $ 43 millones ante la Tesorería, pero no ha informado oficialmente a la SMA.
El fiscal (s) de la SMA, Emanuel Ibarra, explica que si en contra de la sanción no se han presentado recursos, la multa es exigible desde que han vencido los plazos para recurrir. En su defecto, la multa es exigible desde que la resolución que resuelva una reposición, o la sentencia del Tribunal Ambiental o la Corte Suprema, según sea el caso, se encuentra a firme.
“En el momento señalado, la SMA envía los antecedentes pertinentes a la Tesorería para proceder al cobro”, agrega.
Y aunque la SMA no es una institución recaudadora, asegura que en cada sanción siempre se hace hincapié para instar al pago, para que así se utilice el beneficio legal de rebaja del 25% si se cancela dentro de los cinco días siguientes a la notificación, lo que implica no recurrir a instancias de reclamación, lo que disminuye la judicialización.
Consultado por el hecho de que en lista de multas impagas están empresas y entidades públicas, Ibarra señala que “los infractores están en incumplimiento de sus obligaciones de pago, por lo que en esos casos la Tesorería debe proceder al cobro conforme a la normativa vigente”.
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